multa-mazo-dinero-ley

El Ministerio de Finanzas alemán busca enfrentarse con un mayor grado de dureza el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello, en los últimos meses ha cogido fuerza un nuevo grupo especial. Este destacamento se conoce por el nombre de “Departamento VII A3”, aunque su nombre no deja ver entre líneas el cometido principal, su objetivo será evitar el lavado de dinero en Alemania, y en especial el que suministra oxígeno a las actividades terroristas.

El ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, ha sido el instigador de este grupo. Ya en abril de 2016 propuso la creación de esta unidad especial, que será la responsable de trasladar la FIU de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA) a Aduanas. Lugar en el que la mayoría de países es el responsable de controlar la financiación de actividades terroristas.

La nueva entidad también se conoce bajo el nombre de “Unidad de Inteligencia Financiera”, denominación más que conocida desde hace unos cuantos años. Este grupo nació de la Oficina Federal de Investigación Criminal con los atentados de Nueva York en 2001. La coordinación se llevó a cabo con 25 agentes sin llegar a resultar exitosa.

El nuevo grupo aumentara su personal para el año 2017, de los 25 agentes que se encuentran en la actualidad, a los 50 que se incorporaran a plantilla. Aprendiendo de los errores del pasado, se dotará un mayor un numero de competencias a los efectivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), ya no solo se encargarán de identificar los procedimientos utilizados en el blanqueo de capitales, sino que, además, serán el nexo común entre otros departamentos de misma finalidad para coordinarlas entre sí.

A lo largo de los años, Alemania debido a su favorable posición de potencia económica, ha sido unos de los países con un mayor número de casos de blanqueo de capitales. Según fuentes confirmadas las cantidades que se lavan al año oscilan de 20.000 a 100.000 millones de euros.

El ministro Wolfgang Schäuble busca una mayor cooperación internacional creando un interés común entre otros países de la UE, empezando con el reciente acuerdo firmado en mayo de 2015 de crear un registro de personas con historial de lavado de dinero que se esconden tras fundaciones y compañías.