En España sigue existiendo un monopolio desde hace décadas en uno de los sectores más importantes para el comercio y que afecta gravemente al crecimiento del país. A pesar de ello, ha pasado prácticamente desapercibido para la mayoría de los consumidores. Se trata del monopolio de los estibadores, esto es, de los trabajadores que cargan y descargan las mercancías de las embarcaciones y que se ocupan de distribuir los pesos de forma apropiada. Analizamos que está pasando y por qué la Unión Europea amenaza con multar a España si no liberaliza el sector.

Un poco de historia

Sus inicios se encuentran hace más de treinta años, cuando el gobierno de turno crea la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP), a los cuales podían acudir las empresas que deseaban obtener servicios de estiba de carácter temporal. Su control se encontraba en manos de la Junta de Obras de los Puertos, aunque en la práctica este control era prácticamente nulo permitiendo que los precios y salarios de los trabajadores crecieran significativamente y de manera continua.

Con el paso del tiempo, las OTP pasaron a denominarse Sociedades de Estiba, bajo control del Estado, que instauró la obligación de que las empresas que quisieran actuar en el puerto debían obligatoriamente pasar a formar parte de la sociedad y sólo contratar a sus trabajadores. Esto anuló la competencia y entregó un poder  relevante a las sociedades que aprovecharon para crear un Sindicato (la Coordinadora), al que se adhirieron prácticamente todos los trabajadores. Posteriormente, las Sociedades de Estiba pasaron a llamarse Sociedades Anónimas de Gestión de los Trabajadores Portuarios (SAGEP) y el Estado abandonó definitivamente su control.

Situación actual de los estibadores

Hoy en día, las SAGEP tienen un poder casi ilimitado, las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las SAGEP y están obligadas a contratar a sus trabajadores. Esto permite que se cobren salarios que pueden oscilar entre los 60.000 y 150.000 euros al año, más una serie de beneficios adicionales (comisiones, incentivos, etc.).

La mayoría de los trabajadores se encuentra afiliado al principal sindicato del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, cuya influencia se extiende a los 36 puertos españoles. La entrada de nuevos trabajadores las SAGEP está prácticamente bloqueada, actualmente existen cerca de 6200 empleados y los puestos tienen carácter casi hereditario.

Los efectos sobre la economía son serios, los puertos canalizan cerca del 90% de las importaciones y el 60% de las exportaciones. El monopolio de las SAGEP ha aumentado de manera significativa los costes de las empresas lo que presiona los precios al alza y termina perjudicando tanto a los consumidores como a la competitividad y el crecimiento del país.

En efecto, se estima que en España los costes de estiba corresponden al 51% de cada contenedor transportado en puerto mientras que en Reino Unido es de 25% y en Alemania de 37%.

El daño es evidente, pero los gobiernos que tenían la responsabilidad de tomar acciones no han hecho nada, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha tenido que amenazar con multas si España no se decide a liberalizar el sector de una vez. Ya existe una sanción por demora de 21,5 millones de euros y si el gobierno no hace nada enfrentará multas de 134.100 euros diarios hasta que cambie la regulación.

La inacción del gobierno sólo se explica por el temor de la reacción del Sindicato, que obviamente ha amenazado con huelgas y paros para no perder sus privilegios. No obstante, esto no constituye una justificación razonable, las pérdidas para España son enormes y es realmente insólito que un monopolio de estas características continúe vigente en nuestra época. Es tiempo de actuar con responsabilidad y permitir que la libre competencia diluya los beneficios abusivos de unos pocos.