Tras la resolución del BCE y declararse la insolvencia de los 2 bancos italianos, Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, Intesa Sanpaolo, grupo bancario líder en Italia ha manifestado su intención de hacerse con los activos sanos de los 2 bancos en una sola operación de 17.000 millones de euros, según las previsiones del Gobierno italiano.

Tras aprobarse la liquidación ordenada de las dos entidades bancarias por parte del Gobierno italiano por la situación de insolvencia a la que se ven sometidas las entidades, después de someterse a los exámenes del BCE.

El banco Intesa Sanpaolo, el mayor banco minorista italiano, ha declarado públicamente que se hará con los activos saneados de los dos grupos bancarios con un traspaso que costará cerca de los 17.000 millones de euros, dinero que provendrá de los fondos públicos.

En el paquete de ayuda por parte del Gobierno italiano, se tiene previsto una inyección directa de fondos por valor de 4.785 millones de euros para el banco comprador, el objetivo de esta inyección es el de mantener los ratios de capital, además del saneamiento de activos.

El restante, 12.000 millones de euros se destinarán a garantías estatales para compensar el abultado agujero patrimonial que han dejado las dos entidades liquidadas.

El riesgo que conlleva el uso de fondos públicos, fondos que provienen del contribuyente italiano, ha hecho que el BCE imponga la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, normativa que obliga a una correcta aplicación de un plan de reestructuración y a imponer las correspondientes pérdidas a accionistas y acreedores de deuda subordinada. Los acreedores sénior podrán conservar su inversión debido a la contribución reduciendo los costes para el Estado italiano.

Según anunciaba la prensa italiana, la liquidación de las entidades también significará un duro varapalo para el empleado de banca, ya que esta liquidación supone el cierre de 600 sucursales y el despido de 4.000 empleados.

Según anunciaba la comisaría de Competencia, Margrethe Vestager, “el esquema de liquidación es correcta y damos el visto bueno a que así se haga”, además afirmó que “la decisión de la comisión permite a Italia a tomar medidas para facilitar la liquidación de ambos bancos”. Desde la comisaría confían en que la solución permita al Estado italiano recuperar una parte de los activos que ya estaban comprometidos con los dos bancos liquidados, lo que significa una reducción del coste neto para las arcas públicas.

Una resolución al margen de Bruselas

Después de que se declarase la insolvencia de las dos entidades por parte del BCE el pasado viernes, la Junta Única de Resolución de la Unión Europea (JUR) decidió que la caída de los dos bancos no suponían un riesgo de interés público, por lo que no haría falta una intervención de Bruselas para ejecutar una resolución satisfactoria. En lugar de una intervención europea, se ordenó una liquidación de la entidad acorde al marco legal italiano.

La legislación italiana es mucho más flexible que la de otros países de la zona euro, esto ha permitido al Gobierno italiano un margen para una distribución arbitraria sobre qué acreedores asumirán las pérdidas de la quiebra de las entidades.

Esta ha sido la principal diferencia entre la solución que se aplicó a la liquidación de Banco Popular y la que se ha tomado para los dos bancos italianos. En el caso de Popular, la decisión de elegir qué inversores perderían su dinero la tuvo la JUR en Bruselas, y en el caso de los bancos italianos, la decisión la ha tenido el Gobierno italiano.

Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza no han sido los únicos en requerir fondos públicos del pueblo italiano. El 1 de Junio, el Gobierno italiano y la CE (Comisión Europea) llegaron a un acuerdo donde se estudiaba la recapitalización preventiva del banco Monte dei Paschi di Siena, acuerdo que obligaba al contribuyente a inyectar 8.800 millones de euros en la entidad. La liquidación de las 2 compañías, sumado a la recapitalización del banco Monte dei Paschi di Siena hacen la suma de 25.800 millones de euros en un solo mes.

Destrucción de empleo y cierre de oficinas por un euro

Con todo lo que hemos vivido en España, la situación de la banca italiana nos parece otra triquiñuela bancaria más, algo normal y habitual en la banca, pero para el Gobierno italiano y los empleado de banca no es así.

La banca Intesa Sanpaolo, primer banco minorista italiano, ha suscrito un contrato con los liquidadores de las dos entidades para la adquisición de todos loa activos sanos de ambas entidades por el valor de un euro simbólico, algo que suena a chiste, pero que cada vez lo vemos más a menudo. Además, en ese acuerdo, Intesa Sanpaolo ha excluido la adquisición de préstamos morosos, acciones y bonos de deuda subordinada

El problema viene cuando el banco anuncia que si se cumple la transacción, además de la exclusión de los activos tóxicos, también se incluye el cierre de 600 sucursales y el despido de 4.000 empleados de banca, lo que supone el cierre del 75% de las oficinas que adquiere el banco y el despido de casi un 50% de la plantilla existente.

Según anunciaba la entidad Intesa, “La intervención permitirá evitar las graves consecuencias sociales que de otra manera se habrían derivado de la liquidación administrativa obligatoria de los dos bancos”, además de que “la intervención salvaguardará los empleos de los bancos afectados, los ahorros de unos dos millones de hogares y la actividad de unas 200.000 empresas que reciben apoyo financiero y, de forma indirecta, los empleos de tres millones de personas en la región”.

Si es cierto que si no se hubiesen intervenido ambos bancos, el empleo destruido y el cierre de oficinas sería del 100%, además de lo que conllevaría la quiebra de los mismos. El acuerdo ha permitido que Italia resuelva la última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las 2 entidades no reciben un trato peor bajo leyes europeas, ya que resultan mas estrictas.

Pese a resolverse la crisis bancaria, si podemos adelantar que el costo que tendrá la liquidación de las entidades para el contribuyente italiano será muy elevado y que el cierre de oficinas y el despido de los empleados supondrá un impacto muy negativo en la economía nacional de Italia.