El gobierno calcula que el coste de rescatar a las autopistas superará los 2.000 millones de euros. Para recuperar el coste que supone este rescate se sacarán las autopistas a concurso público, lo que permitirá que estas infraestructuras sean explotadas por empresas privadas. En Economipedia analizamos las causas y los costes del rescate de las autopistas.

Muchos se preguntarán por qué no se ha dejado quebrar a las autopistas. Lo habitual es que las Administraciones Públicas no acudan al rescate de las empresas a menos que sean de una gran importancia estratégica para el país. Es aquí donde entra en juego la llamada Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).

¿Por qué rescatar las autopistas?

Pues bien, las sociedades encargadas de construir las autopistas cobran por la obra y aunque las autopistas entren en situación de quiebra, quedan protegidas por la llamada cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Gracias a esta cláusula, las sociedades encargadas de gestionar las autopistas, que estaban integradas por entidades bancarias y constructoras, pueden recuperar la inversión. Y es que el estado se ve en la obligación de pagar como consecuencia de los perjuicios que puedan provocar las administraciones.

¿Qué es lo que ha causado la quiebra de las autopistas? La respuesta es sencilla. Cuando se planificó su construcción se tenían unas expectativas muy elevadas de tráfico que no se han cumplido. Por otro lado, durante su proceso de construcción hubo que hacer frente al coste económico de las expropiaciones mientras se producían sobrecostes en las obras.

Todo ello ha llevado a que el gobierno deba hacer frente a unos costes que superan los 2.000 millones de euros. Se prevé que el rescate tenga lugar en enero de 2018. Aprovechando la situación, el gobierno sacará a concurso las autopistas para que puedan explotarlas las empresas privadas, para de ese modo, recuperar el coste del rescate.

Juicios y recilicitaciones

Mediante un documento enviado por el gobierno a Bruselas, el gobierno de España afirma que la RPA se hará efectiva a principios de 2018. De este modo, la llamada RPA tendrá lugar cuando se rescindan los contratos con las concesionarias.

El Ministerio de Fomento ya ha asumido que el importe que deba pagarse por el rescate de las autopistas deberá determinarlo un juez. Todo ello se debe a que los fondos buitre seguramente rechacen las indemnizaciones que ofrezcan las Administraciones Públicas y el proceso termine derivando en un juicio. La causa de todo ello es que los bancos fueron vendiendo la deuda a los fondos buitre, que exigen hasta 5.000 millones de euros para poder lograr un acuerdo.

En su misiva a Bruselas, el ejecutivo se muestra muy optimista de cara a recuperar el coste de la “factura” por el rescate de las autopistas. Las razones que explican este optimismo son que las nuevas adjudicaciones proporcionarán unos ingresos que permitirán recuperar buena parte del coste del rescate.

Con la activación de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones en enero de 2018, el impacto sobre el déficit público solo afectará a comienzos de año, por lo que el déficit se reducirá al finalizar 2018 con lo que se ingrese por la relicitación.

En cuanto al nuevo proceso de licitación hay que destacar que será abierto, es decir, que podrán participar todas las empresas, incluidas las mismas sociedades que han explotado las autopistas. A su vez, Fomento está dispuesto a ofrecer una concesión por un plazo de 25 años.

Para el futuro concurso la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) ha encargado estudios sobre la demanda de tráfico y la viabilidad económico-financiera.

Durante el plazo de tiempo que la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte asuma la gestión de las autopistas se encargará de correr con los gastos de personal, los gastos de explotación, así como también percibirá los ingresos por las correspondientes tarifas.