El Tribunal de Arbitrajes de Miami se ha pronunciado sobre la primera de las reclamaciones por las obras del canal de Panamá. El resultado ha sido un varapalo para Sacyr y las demás empresas que se encargaban de las obras. El Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) deberá pagar 22 millones de dólares por las costas del proceso, así como otros 900.000 dólares como provisión para gastos. En Economipedia analizamos cuáles son las causas que han conducido a esta situación.

En 2009, las obras del tercer grupo de esclusas del canal de Panamá se le otorgaron a un grupo de empresas encabezadas por Sacyr. De este modo, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) liderado por la española Sacyr e integrado por la italiana Impreglio, la firma panameña Cusa y la compañía belga Jan de Nul contaron con un presupuesto inicial de unos 3.200 millones de dólares. Sin embargo, se ha producido una situación de sobrecostes, que ha hecho que la cantidad aumente hasta unos 5.600 millones de dólares.

Sobrecostes y retrasos

Los desacuerdos entre el Grupo Unidos por el Canal y la Autoridad del Canal de Panamá han sido constantes. Se han producido sobrecostes, reclamaciones y retrasos en las obras. Hasta tal punto han llegado las dificultades en este proyecto que hace cuatro años tuvieron que paralizarse las obras.

La movilización del recursos para las obras del canal de Panamá ha sido colosal. La obra ha requerido la participación de más de 11.000 trabajadores, se han empleado 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón y se han utilizado 220.000 toneladas de acero. Todo ello para que el tráfico por el canal pueda aumentar de las 350 a las 600 millones de toneladas por ello.

Pero, como decíamos anteriormente, este proyecto ha dado lugar a fuertes discrepancias entre el Grupo Unidos por el Canal y la Autoridad de Canal de Panamá. Tanto el grupo de empresas encargado de las obras como la entidad pública encargada de la gestión y administración del canal acordaron acudir al Tribunal de Arbitrajes de Miami para resolver sus diferencias. Pues bien, la primera decisión del Tribunal ha supuesto un varapalo para el Grupo Unidos por el Canal. Sacyr y sus socios tendrán que abonar 22 millones de dólares por las costas del proceso a los que se añadirán otros 900.000 dólares en concepto de provisión para gastos.

Arbitrajes pendientes de resolución

Pese al revés inicial sufrido por Sacyr y sus socios, la constructora española espera que las siguientes decisiones del Tribunal de Arbitrajes se salden a su favor. La empresa presidida por el español Manuel Manrique espera recuperar más de 600 millones de euros en reclamaciones pendientes de resolver.

El Tribunal de Arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional, situado en Miami, aún tiene que pronunciarse sobre otras reclamaciones. De hecho, buena parte de la desviación de los costes en las obras del canal se deben a huelgas, cambios en la normativa, problemas con la calidad del basalto y fallas situadas en los terrenos en los que se debían llevar a cabo las obras. Y estas no son las únicas cuestiones que quedan por dirimir. También hay graves desencuentros en las garantías que concedió el Grupo Unidos por el Canal a la Autoridad del Canal de Panamá.

La decisión del Tribunal de Arbitrajes solo es el principio. Será interesante presenciar cómo se desarrolla el final de un largo conflicto entre el consorcio liderado por Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá.