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Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el sistema de indemnización de España, por fin de contrato laboral, es discriminatorio, puesto que la indemnización por extinción del contrato no es la misma para los trabajadores fijos y los temporales.

Con esta sentencia, España recibe un toque de atención por parte de la justicia europea. Hasta ahora la legislación española no ha sido justa y por este motivo el Tribunal de Justicia ha defendido que, tanto los trabajadores con contrato indefinido como temporal, deben tener el mismo derecho a la hora de recibir la indemnización cuando su contrato finalice.

¿Cuál es la diferencia entre la indemnización percibida por un trabajador fijo y temporal?

La indemnización por extinción de contrato, para los empleados con contrato fijo, es de 20 días por año trabajado, siendo mayor que la que le corresponde a los trabajadores con contrato de duración determinada, que es de 12 días. Ante esta situación, el tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no existen motivos objetivos para justificar esta diferencia. De esta forma, la sentencia indica que España debe acabar con esta discriminación existente entre los contratos fijos y eventuales y otorgar la misma indemnización establecida para el despido por razones objetivas.

¿Qué sucede con los contratos de interinidad?

A día de hoy, un contrato de interinidad, que es un modalidad de un contrato temporal, no tiene derecho a percibir indemnización alguna al llegar la extinción del contrato, frente a los 12 días por año trabajado que recibe una persona que tiene un contrato eventual. Ante esta desigualdad, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige a los tribunales españoles que regulen esta situación para que los interinos cuenten con la posibilidad de recibir una indemnización, una vez concluido su contrato laboral.

Esta decisión judicial ha sido celebrada por los sindicatos, que consideran que es un hecho relevante que afecta notablemente a la legislación española vigente y permite que pueda ir en concordancia a la normativa europea. Así pues, habrá que esperar que el Gobierno en funciones implante los cambios y se puedan comprobar los efectos de los mismos.