Una declarada crisis humanitaria, la deportación de miles de colombianos, el estado de excepción, la guerra contra los delincuentes y las próximas elecciones de Venezuela son algunos de los ingredientes que componen la contienda que libran los dos países latinoamericanos.

El incidente en el que resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en un enfrentamiento con supuestos contrabandistas en un área fronteriza con Colombia ha vuelto a tensar la relación entre ambos países y, como consecuencia, se ha saldado con cientos de colombianos deportados que se suman a los anteriores.

Según datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 1.100 colombianos que vivían en Venezuela han sido deportados y al menos 4.200 han abandonado sus hogares ante el temor a ser también expulsados. Estos resultados son producto de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), una reciente campaña policial venezolana que busca acabar con bandas delincuentes.

En este sentido, es importante recordar que los bajos precios de la gasolina y de algunos productos han llevado -sobre todo durante la última década- a la proliferación de contrabandistas en la frontera de 2.200 kilómetros que comparten las dos naciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura a este respecto que grupos paramilitares colombianos viajan con regularidad a Venezuela, generando caos y escasez con el fin de desestabilizar la “revolución”.

Bajo esta supuesta premisa comenzó hace un año la campaña anti contrabando del gobierno venezolano, cuando se decretó el cierre de la frontera por las noches y se empezaron a deportar a decenas de colombianos. Una situacion que ha acabado actualmente en estado de excepción para varios municipios del estado de Táchira (Venezuela) y con el cierre de la frontera “hasta nuevo aviso”, según las mismas palabras de Maduro. En su opinión, hasta que termine en Colombia la venta de productos venezolanos de contrabando y cese lo que considera ataques contra la moneda de su país.

Colombianos y venezolanos, afectados por igual

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha criticado esta decisión al asegurar que la medida es injustificada y que afecta a los habitantes de ambos lados de la frontera sin resolver el problema del contrabando. El mandatario, sin embargo, se mantiene firme en que los dos gobiernos deben trabajar juntos. “Si cooperamos los únicos que pierden son los delincuentes, pero si se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son esos mismos delincuentes”, señala Santos.

Con todo, el alcalde de la ciudad del departamento del Norte de Santander (Colombia), Donamaris Ramírez, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de los Estados Americanos) una denuncia contra Maduro y otros miembros e instituciones del Estado venezolano por lo que considera “delitos de lesa humanidad”.

De igual modo, la principal coalición opositora venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática, ha puesto de manifiesto que las medidas en la frontera buscan “justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias”, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre, y a las que el gobierno llega lastimado tanto por la crisis y la alta inflación, como por el desabastecimiento y la escasez de productos.