La Administración concursal controla y supervisa a la empresa en la cual se interviene, analiza y valora el trabajo del deudor. Esta figura jurídica aparece en situaciones de concurso de acreedores con el objetivo de dirigir esta compleja situación de acuerdo a las disposiciones que establece la Ley Concursal.

Por definición, la Administración concursal es un órgano creado con el fin de llevar a cabo la organización y gestión del concurso, estando siempre y en todo momento dependiendo de la supervisión del Juez Mercantil como Juez del Concurso.

Las funciones de la Administración concursal se basan en la intervención de las acciones llevadas a cabo por el deudor o la sustitución de éste si ha sido suspendido. Alternativamente, un administrador debe ser capaz de tomar decisiones en las diferentes fases que componen el concurso y que se relacionan con la vida de la empresa, su situación jurídica y su vida contable.

Dadas las funciones que un administrador debe tomar como responsabilidades, es frecuente que los perfiles elegidos para formar parte de administraciones concursales tengan conocimientos y experiencia en los ámbitos de la comunicación, la gestión y la contabilidad. Habitualmente la administración concursal suele estar compuesta por un solo administrador.

Normalmente, esta persona debe ser abogado o economista con una experiencia profesional de al menos 5 años y con formación acreditada en Derecho Concursal. En ese sentido, no pueden afrontar estas tareas como administradores personas sin posibilidad a su vez de administrar sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Del mismo modo, tampoco pueden individuos relacionados con el concursado en los 3 últimos años.

Pese a su labor de observación y valoración, el administrador también debe actuar con diligencia en el tiempo en el que ocupe dicho puesto. En ese sentido, deberán responder ante el deudor o los acreedores de sus acciones (si suponen daños o perjuicios a la empresa, o si no se corresponden con la legalidad vigente).