El ahorro público es el ahorro total efectuado por agentes económicos del ámbito público, cuando la cantidad de ingresos que reúnen superan la cantidad de gastos corrientes a los que se enfrentan dentro de su actividad económica.

Este tipo de ahorro es un concepto propio de la macroeconomía que puede aparecer por tanto en la actividad de cualquier empresa pública, gobierno u otras organizaciones dependientes del estado. En el nivel de los agregados económicos, junto al ahorro privado forman el conjunto del ahorro nacional.

Al igual que ocurre con la definición genérica de ahorro, el ahorro público se entiende como la diferencia entre los ingresos y el consumo realizado. En este caso, al hablar del ámbito público de la economía estaríamos refiriéndonos al volumen total de fondos que una administración o un gobierno conserva tras hacer frente a sus compromisos de gasto público y teniendo en cuenta unos ingresos previos.

Tras recibir fondos públicos por la vía de recaudación de impuestos a través de otros métodos de financiación como la venta de deuda pública, el Estado debe hacer frente a sus compromisos sociales por medio del gasto en infraestructuras, sanidad, el pago de subsidios públicos y prestaciones,etc.

Si tras este trabajo de gasto existe una diferencia positiva entre ingresos y gastos (lo que económicamente se conoce como superávit fiscal), dicha cantidad será la que conformará el ahorro público producido. El destino que generalmente suele tener esta diferencia es el de la inversión pública y la mejora de las partidas del presupuesto dirigidas al gasto público de futuros ejercicios.

Cuando no aparece ahorro y lo que sucede es justamente lo opuesto (los ingresos son inferiores al nivel de gastos) lo que aparece es un déficit fiscal.

El ahorro público como indicador económico

La aparición de ahorro público no necesariamente suele suponer la buena acción de un gobierno. Esto se explica porque puede suceder que la aparición de superávits fiscales sea una consecuencia de políticas fiscalmente muy fuertes con altos niveles de impuestos o por planes de gasto público poco significativos.

En ambos casos, es la sociedad la que sufre una coyuntura económica adversa a través de su incidencia en las actividades de los agentes privados (familias y empresas).