Generalmente se entiende por bienestar económico aquel que es derivado de una relación directa de las variables de producción, empleo y distribución de la renta en un lugar (normalmente un país).

De otro modo, el bienestar económico es aquel en el que se maximiza el bienestar social a través del crecimiento económico. Cuando existe bienestar económico la mayoría de las personas del país cuentan con un empleo, hasta alcanzar el desempleo estructural (aproximadamente el 4-5%) y existe una distribución de la renta efectiva, es decir, no hay a penas desigualdad social y todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades. De ahí que el bienestar económico esté íntimamente relacionado con el bienestar social.

Dentro del bienestar social, el bienestar económico es el indicador que recoge en qué medida un país o territorio marcha bien y la capacidad económica que tiene para fijar y desarrollar a las personas. Comúnmente el bienestar económico se mide a través de la renta per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen de media por ciudadano de un territorio, así como el crecimiento del PIB o el nivel de desempleo crónico que exista.

La renta per cápita, los salarios o el nivel de desempleo están relacionados con la esperanza de vida, por lo que estos indicadores suelen ser a grandes rasgos y de forma técnica un método para valorar el desarrollo y bienestar general de la población. También entra dentro de bienestar económico la distribución de la renta, donde una mayor y mejor distribución genera sociedades más prósperas que si existe una gran barrera entre ricos y pobres.

El bienestar económico como forma de valoración

Algunos teóricos inciden en que el bienestar económico no es en sí mismo un índice capaz de medir la prosperidad o bienestar general de una población, ya que el crecimiento del PIB o la renta per cápita no son signos que tome en consideración a las circunstancias de la población, sino que puede existir una gran desigualdad en la que algunos tengan mucho y la mayoría, poco, y donde otras variables como el acceso a la educación, las prestaciones sociales o el gasto público social sean mejores para pedir el potencial de bienestar económico.