Se conoce como catastro inmobiliario al registro de todo bien inmueble en un determinado territorio. Este registro depende de la Administración del Estado, por lo que dicha información es público y actualizada.

El catastro sirve como base de control y gestión administrativa estatal de todo tipo de bienes contenidos dentro de un país o región. Estos serían los denominados bienes inmuebles rústicos, urbanos o también considerados como de características especiales.

Desde dicho punto de vista, puede entenderse como un gran inventario de inmuebles de un país que reúne todo tipo de características de los mismos de manera ordenada y otorgando conocimiento público de estas.

La inclusión de las propiedades inmuebles en el registro inmobiliario es obligatorio desde el punto de vista legal y fiscal, dando validez y constancia pública a las mismas. En España, su gestión es responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda.

Funciones del catastro

La utilización del catastro en un país tiene como objetivo el cumplimiento de una serie de necesidades registrales:

  • Registro público de todo bien inmueble, de acceso abierto para la ciudadanía.
  • Da información precisa sobre la extensión de terreno del inmueble, así como de su disposición física
  • Indica el uso de cada inmueble (vivienda, utilidad comercial o industrial, bien rústico…)
  • Incluye en el registro público la identidad de las personas físicas o jurídicas propietarias de cada bien.
  • Presenta valoración económica del bien, así como su valor fiscal de cara a las correspondientes obligaciones tributarias que implique.
  • Identifica cada bien de manera numérica a través de la asignación de un identificador: la llamada referencia catastral.

Cualquier cambio o actualización referente a un bien inmueble debe ser debidamente notificado para su inclusión en el catastro público. En ese sentido, se dice que el catastro de un país tiene el rasgo de ser permanente actualizado, ofreciendo una imagen real y actualizada de cada bien registrado.

A nivel estatal, suele considerarse que el catastro es una de las bases de la planificación urbanística e incluso del control impositivo sobre la ciudadanía a través de sus propiedades.

Alternativamente, ofrece mayor seguridad jurídica para los propietarios de viviendas o terrenos, ya que permite que puedan demostrar su posesión legal de los mismos y su explotación llegado el caso.