El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene lugar cuando una persona o empresa se ve imposibilitada para hacer frente a los pagos pendientes, es decir, cuando no puede pagar sus deudas. Puede hacerse tanto de forma voluntaria por el individuo insolvente como a través de solicitud por parte de alguno de sus afectados.

El objetivo del concurso de acreedores es organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren la máxima cantidad de dinero posible. Si la declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su estado de incapacidad económica. En cambio, si el documento lo presenta un acreedor, éste deberá basarse en la existencia de embargos por ejecuciones pendientes, incumplimiento generalizado de pago de obligaciones tributarias, de pago de cuotas de la Seguridad Social o de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo.

De hecho, en este procedimiento se protege más a los débiles -los trabajadores- y se posterga a aquellos que han tenido influencia en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del concurso, como por ejemplo, administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado.

Por otro lado, no hay que olvidar que el concurso de acreedores está diseñado para ofrecer la presentación de un convenio que permita pagar a los solicitantes y, de igual modo, conseguir la continuidad del negocio de la compañía. Para facilitar esta tarea, el empresario deudor puede mostrar una propuesta de pago a sus acreedores que contemple el 50% de quita del importe de sus créditos y una espera, o calendario de pagos, de hasta cinco años.

Sin embargo, el 90% de los concursos de acreedores acaban en liquidación ya que, en esta muy difícil coyuntura, se precisa dinero fresco que permita seguir financiando las actividades empresariales. Y, a efectos prácticos, no siempre se consigue que los bancos concedan un nuevo crédito o que los socios hagan nuevas aportaciones al capital social. Todo lo cual repercute en el incumplimiento del convenio y la entrada de plano en la fase de liquidación.

Es más, en la inmensa mayoría de los casos se pasa directamente a la fase de liquidación o bien porque la cartera de ventas de la empresa ha disminuido a niveles insostenibles, o bien porque no consigue suficiente financiación -tanto propia como ajena- o por otras causas, como puede ser el aumento de impagados.

Anteriormente, la legislación española diferenciaba entre suspensión de pagos y quiebra. La suspensión de pagos era una insolvencia temporal de una empresa, como consecuencia de falta de liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago, mientras que la quiebra era un desequilibrio patrimonial que resultaba en una incapacidad absoluta para hacer frente a los pagos futuros. Actualmente, el concurso de acreedores no distingue entre suspensión de pagos y quiebra, sino que tras declararse el concurso ante una insolvencia se trata de llegar a un acuerdo con los acreedores. Si se llega un acuerdo, se aprobará un convenio y se levantará el concurso de acreedores. En caso de que no se apruebe el convenio, se procederá a la liquidación de la empresa y se pagará a los acreedores según su deuda correspondiente y según de la calidad crediticia de su deuda.

Fases por las que atraviesa el concurso de acreedores

1.- Declaración de concurso, con adopción, en su caso, de medidas cautelares.

2.- Administración concursal, nombramiento de administradores y rendición de cuentas.

3.- Determinación de la masa activa, la cual comprende todos los bienes patrimoniales de la empresa. En esta punto se incluyen también los créditos necesarios para la actividad empresarial.

4.- Determinación de la masa pasiva o, en otras palabras, de aquellos créditos (deudas) contraídos por la empresa y que se pueden incluir en el concurso (créditos concursales).

5.- Convenio o, en su caso, liquidación de bienes.

6.- Calificación y efectos del concurso.