La Política fiscal contractiva es un tipo de política fiscal en la que tienen cabida la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos. Es decir, es la opción opuesta a la política fiscal expansiva.

A través de las políticas fiscales contractivas, los estados obtienen mayores recaudaciones en términos de impuestos en comparación con el gasto público, por lo que se dice que el déficit presupuestario disminuye. Por otra parte, la reducción de gasto y la subida de impuestos pueden ser medidas que se tomen conjuntamente o no. Generalmente la política contractiva suele estar generada por una combinación de ambas.

Este criterio de política fiscal, conocido también con el nombre de política fiscal restrictiva, supone que se genera un déficit fiscal menor que en el caso de la política fiscal expansiva. De hecho, este tipo de política suele relacionarse al origen de superávits fiscales o presupuestarios.

La política fiscal contractiva se emplea en periodos de tiempo en los que se persigue frenar el crecimiento de la demanda agregada, por ejemplo en tiempos de bonanza económica a modo de control de la inflación.

Para ello, se busca reducir la inversión de las empresas o el consumo a través de la subida de impuestos que hacen que los ciudadanos dispongan en su bolsillo de menos dinero. En ese sentido, este tipo de medidas políticas suelen ir de la mano de una mayor impopularidad desde el punto de vista del ciudadano debido, obviamente, a que las subidas de impuestos son impopulares por naturaleza.

En lo que respecta a la reducción de gasto público, en ocasiones suele ocurrir que en estas partidas presupuestarias suelen incluir la reducción o desaparición de obras públicas que dan empleo a gran número de personas. En segundo lugar, y no por ello menos importante, dentro del gasto público también están incluidos pagos públicos como becas, ayudas o subvenciones a diversos sectores de la población.