Tras días de deportaciones y maltratos a colombianos en Venezuela, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió elevar el tono de sus protestas.
El mandatario colombiano exigió respeto al presidente Nicolás Maduro por la dignidad de los colombianos deportados y reclamó una reunión urgente de Unasur y de la OEA para evaluar la crítica situación, que está afectando miles de colombianos deportados y expulsados de Venezuela y para tratar el incumplimiento de acuerdos bilaterales por parte del Gobierno Venezolano.
Con esto, Colombia ha logrado apaciguar la crisis de la frontera generada por el Gobierno de Venezuela.
Analicemos los antecedentes que han llevado a Colombia y Venezuela a esta situación. Hace unos meses Maduro mostró sus intenciones de expulsar a los colombianos de Venezuela cuando calificó a Colombia como “exportador de pobreza” y resaltó el daño que los paramilitares colombianos están haciendo en Venezuela.
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La excusa para que el presidente Maduro cerrará las fronteras de Venezuela con Colombia vino cuando tres militares venezolanos fueron supuestamente heridos por paramilitares colombianos. Momento en que impuso también el estado de excepción en seis municipios de la zona limítrofe, acompañado de una brutal campaña de deportación exprés de miles de Colombianos residentes en Venezuela y provocando una escalada xenófoba nunca vista en la región.

Es cierto que en la frontera de 2.000 kilómetros entre Colombia y Venezuela operan desde hace décadas numerosas bandas criminales. En las ciudades cercanas a las frontera operan las bandas criminales de turno, Águilas Negras, Rastrojos, y Urabeños, bandas herederas del antiguo paramilitarismo colombiano y en las zonas de campo, el control es de la denominada guerrilla colombiana.
No obstante, los colombianos no son los únicos grupos mafiosos que operan en la frontera. El contrabando de gasolina inunda la región. Comprar un litro de gasolina en Venezuela sale a 1,5 cts y se puede vender en Colombia por 100 veces más. Un negocio más rentable incluso que el narcotráfico. Incluso el cártel de Sinaloa en México está abasteciéndose con gasolina venezolana.
A pesar de la presencia de todas estas bandas criminales, en la frontera entre Venezuela y Colombia la mafia más poderosa es la Guardia Nacional Bolivariana, instaurada por el gobierno Venezolano y que opera bajo su protección con total impunidad.
Maduro, acechado por una economía lamentable, con sus ciudadanos haciendo horas de colas para comprar leche y sin dólares por la bajada del precio del petróleo, parece que está tratando de desviar la atención de los venezolanos a otro punto, para así ocultar su penosa política y su desastrosa forma de llevar la economía del país.
El enemigo al que ha causado de todos sus males desde hace décadas, Estado Unidos, se encuentra en estos momentos abrazándose a Cuba. Por lo que no tiene más remedio que buscar otro blanco al que culpar de las desgracias causadas por su nefasta política. El blanco más fácil son los 5,6 millones de colombianos que viven en Venezuela.
Para ello ha cerrado las fronteras, declarado el estado de excepción e iniciado la persecución a colombianos. Los testimonios que llegan de la frontera son espeluznantes. Con la excusa de su pertenencia a grupos paramilitares los colombianos están viviendo una tragedia, están siendo robados, maltratados y expulsados en masa de Venezuela, con niños separados de sus familias.
Ha sido muy sonado el caso de un niño que nació en Venezuela que asegura que a su casa llegaron militares venezolanos acusándolo de ‘paraco’ (paramilitar colombiano) y de que su padre era guerrillero:
“Le damos dos minutos para que se largue de la casa o le damos un balazo (…) Me dijeron chino usted es un malparido paraco, quién es su papá, su papá es un guerrillero y yo le dije mi papá trabaja es en construcción y me dijeron corra y no se gane un balazo”, relata el menor. Comenta que después de salir corriendo de su casa vio como la derrumbaban.
Al igual que este caso están ocurriendo miles de maltratos a ciudadanos colombianos. Muchos colombianos denuncian que la Guardia Nacional Bolivariana no les da tiempo ni a identificarse ni a demostrar que están legalmente en Venezuela. No es eso lo que les interesa.