El domingo 15 de noviembre del 2020 ha marcado un antes y un después en la historia del Perú. Tras varios días de protestas que comenzaron el jueves 12 de noviembre, el enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó el trágico resultado de dos jóvenes fallecidos.
Pero, ¿qué originó las manifestaciones? El detonante fue la destitución por parte del Congreso de Martín Vizcarra como presidente del país el lunes 9 de noviembre con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones (se necesitaban 87 votos de los 130 legisladores). Esto, faltando pocos meses para las elecciones generales (de presidente y congresistas) programadas para abril del 2021.
El exmandatario contaba con una alta aprobación de la población (de más del 50%), pero tenía al Poder Legislativo en su contra.
Debemos recordar que Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo del 2018 (tras permanecer solo un año y nueve meses en el cargo) en medio de acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht.
Vizcarra asumió el mando del país en reemplazo de Kuczynski. Desde entonces, se enfrentó a un Legislativo adverso. Las idas y venidas entre ambos poderes del Estado terminaron con la disolución del Congreso por parte Vizcarra en setiembre del 2019. Esto, luego que el Parlamento se negara a suspender un cuestionado nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (máximo ente del Poder Judicial en Perú).
Posteriormente, los peruanos eligieron un nuevo Congreso en enero de este año, que tampoco contaba con una mayoría oficialista (Vizcarra no presentó una lista al Parlamento), y muy fragmentado, con nueve bancadas parlamentarias.
La destitución de Vizcarra se dio a raíz de acusaciones de corrupción por coimas que habrían sido cobradas cuando ejercía el cargo de presidente regional de Moquegua, un departamento al sur del país.
El motivo por el cual se planteó la destitución fue la vacancia por incapacidad moral, señalado en la Constitución, pero dicha causal puede ser interpretada de muchas formas.
Entonces, tras presentar por segunda vez una moción de vacancia (hubo otra en septiembre de este año que no alcanzó los votos necesarios), el Congreso vacó a Vizcarra, quien aceptó la decisión de los legisladores y se allanó a las investigaciones que hay en su contra y que aún se encuentran en proceso en el Poder Judicial.
Tras la destitución de Vizcarra, al no tener un vicepresidente (la segunda vicepresidenta de Kuczynski renunció), asumió el cargo de primer mandatario el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien fue rechazado por la mayor parte de la opinión pública.
Las manifestaciones comenzaron el jueves 12 de noviembre en distintos puntos del país. Muchas personas que no salieron de sus viviendas se unieron a las protestas haciendo sonar sus cacerolas desde sus ventanas o azoteas.
La indignación escaló y, en una serie de hechos que aún están por esclarecerse, la violencia se desbordó el sábado por la noche en el centro de la ciudad capital, Lima, en los alrededores del Congreso. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos que denunciaban abuso policial con gases lacrimógenos y otras armas que, según la policía, no son letales.
Sin embargo, la madrugada del domingo 15 de noviembre se confirmó la muerte de dos jóvenes, Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, de solo 22 y 24 años. Merino tuvo que renunciar a su cargo al mediodía de ese mismo día.
La jornada de protestas también dejó más de una decena de heridos y de desaparecidos. Estos últimos fueron ya ubicados en las horas y días siguientes y se espera que pronto den su testimonio de lo que habrían sido detenciones ilegales por parte de las fuerzas policiales.
Mientras tanto, el Congreso tuvo que reunirse de emergencia el domingo 15 y, tras dos intentos de elegir un nuevo mandatario, nombró a Francisco Sagasti como nuevo presidente del Congreso el lunes 16 de noviembre por la tarde, siendo él quien asumirá la presidencia de la República en reemplazo de Merino. Se trata de un político de centro y con una trayectoria más en el plano académico.
Todos estos hechos reflejan la fragilidad de las instituciones peruanas. El Congreso tiene la facultad de destituir al presidente de turno presentando una moción de vacancia por causas que no están bien delimitadas. Esto debería ser esclarecido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dicha institución decidió el 19 de noviembre, con cuatro votos a favor y tres en contra, no pronunciarse al respecto alegando «sustracción de la materia», es decir, que el tema en discusión ya había finalizado porque la vacancia presidencial ya se había concretado.
El Tribunal Constitucional respondió el 19 de noviembre a una solicitud pendiente, llamada demanda competencial, que había presentado el expresidente Vizcarra por motivo del primer intento de vacancia de setiembre de este año.
Frente a la incertidumbre, un camino alternativo para resolver la problemática de la vacancia por incapacidad moral es que el Parlamento la modifique en la Constitución, eliminando dicha causal o cambiándola por otra más objetiva.
De otro lado, el presidente también tiene herramientas algo polémicas para enfrentarse al Legislativo, pudiendo disolver el Parlamento si este no le da el voto de confianza al gabinete de ministros dos veces consecutivas.
Es decir, las reglas de juego para el funcionamiento de los poderes del Estado dan pie a inestabilidad política. A esto se suma el desprestigio de la clase gobernante y el descontento de la población por no sentirse representada porque, vale aclarar, las protestas no fueron para restituir a Vizcarra, sino para expresar indignación frente a la actuación de los congresistas y lo que se consideró como una usurpación ilegítima del Poder Ejecutivo por parte de Merino.
No debemos dejar de lado también que habría interés por parte de algunos legisladores de frenar ciertas reformas, por ejemplo, la educativa. Se acusa a algunos congresistas de representar intereses de universidades privadas que están teniendo dificultades para alcanzar el mínimo de calidad que las autoridades están exigiendo para otorgarles las licencias respectivas de funcionamiento.
Se debe reflexionar además sobre un factor clave en los trágicos hechos del fin de semana que fue la acción de las fuerzas del orden que habrían actuado de forma desproporcionada, y eso nos lleva a plantear la necesidad de mejorar el entrenamiento de los policías. Los problemas de abusos policiales, vale decir, no solo se dan en Perú, sino en muchos otros países del mundo.
De cara al futuro, el gobierno de transición de Sagasti tiene ahora la tarea no solo de controlar la pandemia del coronavirus, en uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, sino de asegurar elecciones generales limpias en abril del 2021. Esperemos que sea la oportunidad para plantear el fortalecimiento de las instituciones peruanas.
Fotografía: André Suárez.
Quiero opinar respecto a los sucesos quwñe alteraron el orden oublici solo en Lima y quw en su redaccion no consideran a todos los lideres oiliticos y a los medios de comunicacion que azuzaron wstos hechos.
Yo creo que se debe ser mas critico respecto a algunis periodistas y a lideres que azuzaban