Antecedentes penales

Es decir, son las consecuencias jurídicas determinadas en una resolución judicial firme, de orden sancionador, que derivan para un individuo por su autoría de actos delictivos. Las consecuencias jurídicas quedan anotadas en un registro oficial por un tiempo determinado y con una marcada finalidad de control.

Los antecedentes penales, además de la propia condena recibida en la sentencia firme, tendrán en muchos casos una influencia negativa en otros aspectos de la vida, especialmente el laboral, influencia que dependerá de la legislación de cada país.

El registro por parte del Estado de los antecedentes penales de aquellas personas que han sido condenadas por un juzgado o tribunal penal cumple una función de control.

Las anotaciones de los antecedentes en el registro tienen las siguientes características:

• Suelen ser de carácter temporal y pueden ser cancelados.
• Deben venir determinadas por una sentencia judicial firme dictada en el ámbito jurisdiccional penal.

Veamos cada una de las características detenidamente:

Por regla general, la anotación de los antecedentes penales tiene un carácter temporal, es decir, pueden ser cancelados tras un determinado tiempo y en unión de otros requisitos. El tiempo que debe pasar para que se cancelen los antecedentes generalmente depende del tipo de delito, si es leve o grave, por ejemplo.

Suelen ser requisitos necesarios para la cancelación el haber satisfecho las responsabilidades económicas (pago de indemnizaciones y multas) y el no haber vuelto a cometer más delitos en el plazo que se establezca en las leyes.

La cancelación de los antecedentes penales es un derecho del condenado una vez cumplida la condena que fue impuesta por el juez.

Es importante tener en cuenta que, una vez cancelados los antecedentes penales, estos no podrán ser utilizados en procesos judiciales posteriores. Los antecedentes se tendrán como inexistentes una vez cumplidos los requisitos que establezcan las leyes.

La segunda característica es que solo se podrán inscribir en el registro de antecedentes penales aquellos hechos que sean declarados en una sentencia judicial firme dictada en el ámbito de la jurisdicción penal. Esto quiere decir que no cabe el registro de condenas dictadas en otros ámbitos jurisdiccionales, aun siendo de carácter sancionador, como por ejemplo las sanciones administrativas o las condenas pecuniarias dictadas en el ámbito civil.

Por tanto, solo tras una sentencia condenatoria o resolución judicial firme dictada por el juez penal, las penas o sanciones serán objeto de anotación, como antecedente personal del condenado. Se considera que son sentencias firmes aquellas contra las que no cabe recurso o impugnación alguna, ya sea por haber agotado los recursos establecidos en las leyes, o ya sea por el hecho de que el individuo condenado no haya hecho uso de ellos.

La anotación de los antecedentes penales suele contener la información referente al sujeto (sus datos de identificación), infracción penal cometida, duración de la condena y juzgado o tribunal sentenciador y es remitidas directamente por el juzgado o tribunal sentenciador.

También debemos tener presente que los antecedentes penales son accesibles, en tanto sigan vigentes, para el propio interesado, para las autoridades judiciales y policiales y, en algunos casos (según las diferentes legislaciones nacionales), para terceras personas tales como empleadores, lo que nos lleva a considerar que no hay unanimidad en las diferentes legislaciones en orden a considerar el carácter público o reservado de la información contenida en los registros de antecedentes penales.

Los antecedentes penales pueden –y deben- ser solicitados por las autoridades judiciales cuando se inician procedimientos judiciales respecto de una persona.  El objetivo es saber si es la primera vez que delinque o, en caso contrario, si es reincidente o delincuente habitual, lo que tendrá consecuencias, caso de dictarse sentencia condenatoria, en orden a incrementar la pena que le pude ser impuesta.

La existencia de los antecedentes penales –la reincidencia- implicará el agravamiento de la pena a imponer en el nuevo procedimiento, por lo que la condena será mayor respecto de aquellos que no tengan antecedentes penales computables.

También la policía tendría acceso a los antecedentes penales, siendo preciso diferenciarlo de los antecedentes policiales, que serían aquellos que recopilan los cuerpos policiales durante la investigación de los hechos presuntamente delictivos y con carácter previo a la intervención judicial.

Además de las lógicas consecuencias en el ámbito judicial penal, la existencia de los antecedentes penales puede tener una influencia negativa para su titular en otros ámbitos de la vida, especialmente en el mundo laboral y de reinserción social.

Tener antecedentes penales puede ser un obstáculo insalvable, por ejemplo, para participar en iniciativas legislativas populares, tener acceso a ayudas sociales, la obtención del permiso de armas o poder participar en procedimientos de tutela, acogimiento o adopción.

Se contempla y en este sentido existen convenios internacionales en virtud de los cuales un país puede solicitar de otros los antecedentes penales de un nacional a efectos de procedimientos judiciales en curso.

El certificado de antecedentes penales es un documento oficial en el que se hace constar la existencia o no de antecedentes penales respecto de una persona.

En efecto, no son pocas las legislaciones que permiten solicitar al demandante de empleo que aporte el correspondiente certificado de antecedentes penales, que de existir serán posiblemente un gran obstáculo para la obtención de un puesto de trabajo.

En algunos países se admite que el propio empleador tenga acceso al registro oficial para solicitar esta información. Por el contrario, hay países que prohíben tener en cuenta los antecedentes penales siempre y cuando no sean de relevancia para el tipo de trabajo de que se trate. También hay países que, de forma determinante, prohíben la existencia de ningún tipo de discriminación por este concepto a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo.

Entre otros supuestos, para acceder a un puesto público en la administración pública, lo primero que se solicita es el certificado de antecedentes penales. Es una de las causas por las que se puede denegar una solicitud de nacionalidad, residencia o trabajo para extranjeros.