Libre circulación de personas en la Unión Europea

La libre circulación en la Unión Europea afecta de manera general a la totalidad de los estados miembros y a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En pleno proceso de construcción de una Europa como potencia política y económica suele considerarse a este paso como esencial al facilitar la movilidad de un factor productivo como lo es el trabajo.

Fue con el Tratado de Maastricht en 1992 cuando se creó el concepto de ciudadanía de la Unión, garantía para la circulación y residencia de las personas en diferentes estados miembros.

El concepto de libre circulación de personas en territorio europeo supone diferentes aspectos, como la posibilidad de los ciudadanos de la Unión en términos de movilidad laboral entre países miembros sin encontrarse con trabas burocráticas y legales, el traslado de su residencia a los mismos si es necesario por interés profesional y la permanencia en dichos puntos aún sin contar con un contrato de trabajo vigente.

• Estancias inferiores a tres meses. Documento de identidad o pasaporte válidos.
• Estancias superiores a tres meses. En caso de no tener un empleo debe contarse con recursos económicos suficientes y un seguro de enfermedad.
• Estancia permanente. El derecho de residencia permanente se consigue tras periodo estable y continuado de residencia de al menos cinco años. El mismo puede perderse en casos de ausencias de más de dos años consecutivos de dicho país.

En ese sentido, este derecho fundamental asegura a todo ciudadano y a sus familiares el mismo trato en materia laboral y de acceso al empleo independientemente de si se encuentra en su país de origen o no. Los individuos tienen la capacidad de disfrutar en sus destinos profesionales de casi idénticos derechos relacionados con la actividad económica, como una cobertura sanitaria. Las restricciones o diferencias entre diferentes legislaciones de países suelen estar enfocadas principalmente en aspectos como la seguridad, el orden público o la salud pública.

Un aspecto menos positivo de este proceso de integración es que no es tan completo en el caso de otro tipo de perfiles profesionales, como es el caso de los trabajadores autónomos. Estos últimos se encuentran a menudo con mayor nivel de diferencias legislativas entre países y no disfrutan de una gran facilidad para trasladar su actividad económica a otro país.