Ahorro forzoso

El ahorro forzoso es como se denominan a aquellos recursos que de forma obligada deben destinarse a una función o necesidad, generalmente destinado a cubrir cotizaciones sociales y de pensiones. Por ejemplo, las contribuciones y seguros sociales serían parte del ahorro forzoso, ya que el Estado o alguna organización obliga a asignar parte de los recursos personales a contribuir solidariamente con los seguros sociales.

El ahorro forzoso puede ser de carácter legal o voluntario, pero con disponibilidad actual restringida. Así, de carácter legal serían todos los impuestos (en realidad, cotizaciones sociales para el día de mañana tener una pensión pública) pagados en la nómina, indemnizaciones y similares; mientras que ahorro forzoso privado son aquellos productos contratados bien por el individuo o bien por un tercero en beneficio del primero. Por ejemplo, los planes de pensiones serían un producto de ahorro forzoso ya que se realizan aportaciones para en el futuro cobrar una renta. Pero no se puede disponer de dicho fondo salvo en contadas y fundadas circunstancias, como situación de vulnerabilidad.

Otro ejemplo claro de ahorro forzoso es el sistema de indemnizaciones de ciertos países y empresas, que aportan una parte de su salario a una entidad bancaria, pero que no podrán disponer hasta la jubilación o en caso de despido. Este concepto es conocido como mochila austríaca.

Un rasgo característico de este tipo de ahorro es que, aunque el individuo está obligado a realizar la aportación o un tercero la realiza por él, esos recursos son de su patrimonio, nadie le retira la propiedad si no el usufructo actual.

El ahorro forzoso se ha extendido en los últimos años como forma de mejorar las condiciones de los ahorradores y trabajadores para que dispongan de recursos en el futuro y no se queden en una situación desmejorada. Además, se alivia a las organizaciones, públicas o privadas, de posibles altos costes en caso de retirada anticipada.

En el caso de las pensiones públicas, el ahorro va destinado a cuando la persona se jubile, tener derecho a una pensión, aunque en la práctica es un sistema solidario en el que los trabajadores actuales financian a las personas que ya están fuera del mercado laboral.