Embargo

Es, por tanto, un término jurídico que ordena un magistrado para evitar que un deudor que no paga o abona el dinero que en su momento acordó, venda o done los bienes que se encuentran en su poder. Se trata, a fin de cuentas, de una medida preventiva que se mantiene en vigor hasta que la cuenta contraída sea satisfecha con vistas al acreedor.

El embargo también puede suceder cuando un individuo determinado comete algún tipo de falta o delito y, en consecuencia, debe reponer los gastos ocasionados o el daño causado pagando con una parte o incluso con la totalidad de sus bienes.

Los bienes que se pueden embargar pueden ser muebles o inmuebles. En el primer caso —cuando los productos se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro—, se depositarán a nombre del juzgado. En el supuesto de los inmuebles (también denominados bienes raíces porque no pueden ser desplazados, como las fincas o las viviendas) se registra la condición de embargados para conocimiento de terceros interesados.

El embargo es una situación que no sólo ocurre entre dos personas físicas (como ya se ha visto), sino que puede afectar a diferentes países e incluso a regiones. Así, uno o más Estados pueden establecer esta medida en relación a otro u otros gobiernos, prohibiendo el transporte y la comercialización de ciertas mercaderías. Se trata generalmente de una directiva política tomada por el país o países que la han decretado para demostrar su disconformidad con aquel o aquellos estados que se alejan de sus estrategias económicas y sociales.

Imaginemos que una persona de unos 30 años de edad, recientemente ha tenido un ascenso en el trabajo y se ha comprado una casa. Como no tenía todo el dinero de la casa ha tenido que pedir una hipoteca, en ese caso ha estado pagando rigurosamente su cuota al banco.

En su país se avecina una crisis financiera, resulta que la empresa para la que trabaja empieza a sufrir porque los ciudadanos no compran sus productos. Llegado el momento, la empresa despide a esta persona.

Esta nueva situación hace que la persona hipotecada no tenga capacidad financiera para pagar su hipoteca asociada a la casa que se había comprado. Por ello, la entidad bancaria pertinente, ante el no abono de las cuotas, procede al embargo del bien inmueble.