El Tribunal de cuentas, a día 22 de Julio descubrió que 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión en 2014 y 2015. Unas cifras asustan de solo imaginarlas, concretamente ha supuesto 25 millones de euros mensuales, y 300 millones al año. Se contrarrestaron los datos históricos de fallecidos desde 1989 hasta octubre de 2015, y el Tribunal aportó 29.321 pensionistas fallecidos.
El Tribunal habla sobre el elevado grado de error por parte de la INE (Instituto Nacional de Estadística), el organismo encargado de identificar a los difuntos, y con ellos, sus respectivas pensiones. Este Tribunal lanza además un comunicado directo a las entidades financieras, con el objetivo de que realicen con un mayor grado de atención y control la vivencia o fallecimiento de los pensionistas.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social(INSS) duda de la autenticidad de los datos, considera además que los datos obtenidos deberían ser revisados. Habla sobre un posible error de duplicidad, debido a que, al cruzar los datos de las personas beneficiadas por las pensiones, ha descubierto que los únicos datos que coinciden son los del Documento Nacional de Identidad sobre los supuestos difuntos.
No contenta con eso, la autoridad fiscalizadora duda sobre los criterios seguidos por la Seguridad social para realizar el cruce informático. “El INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones, tampoco efectúan de manera sistemática dicho control”, señalaba el Tribunal.
La Seguridad Social se defiende señalando que “Justicia”, es un programa informático utilizado desde 2014 con el objetivo de detectar fallecimientos. Utilizando este procedimiento el margen de error es mínimo. Contestando a la sugerencia del Tribunal sobre un control manual de los pensionistas por parte de la INSS, responde alegando que existen 1,2 millones de personas con 85 años o más, lo que supondría un grave perjuicio para este colectivo con la realización de estos controles presenciales.
La noticia ha llegado en un momento delicado para la Seguridad Social, el sistema de las pensiones corre un gran peligro. La avanzada edad de la población añadiendo el paro hace que contratar planes de pensiones privados empiece a ser una necesidad.
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