Delito fiscal

El delito fiscal es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. Así, la afectación al erario se considera grave.

Es decir, un delito fiscal se configura cuando el contribuyente no reporta con lo que está obligado o proporciona datos que no son verdad. Todo esto, con la intención de pagar menos impuestos o de beneficiarse del tesoro público.

Cabe señalar que el delito fiscal no es un error, sino que implica intencionalidad. Así, puede incluso castigarse con la pena de cárcel, además de lo usual que es una reparación monetaria al Estado.

El delito fiscal se puede dar de diferentes formas como las siguientes:

• Evasión de tributos estatales o de la comunidad autónoma o gobierno local.
• Defraudación a la Seguridad Social.
• Beneficiarse de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas sin cumplir con los requisitos.
• Obtención indebida de fondos públicos.
• Delitos contables. Esto quiere decir, por ejemplo, incluir como gastos algunos desembolsos no relacionados con la actividad económica de la empresa. De ese modo, el monto base para calcular el impuesto de sociedades se reduce.

La diferencia entre delito e infracción fiscal está en la gravedad. Así, puede fijarse un límite, por ejemplo, de 120.000 euros. Entonces, si se supera dicha cifra en daños, se considera delito fiscal.

Sin embargo, tanto el delito como la infracción se caracterizan por ser intencionales. Aunque el segundo, por ser más leve, usualmente genera solo una multa o sanción administrativa. Sin embargo, el delito, como mencionamos anteriormente, puede tener consecuencias penales.

Otro punto a tomar en cuenta es que la gravedad y la sanción por el delito podrían aumentar si se han utilizado a terceras personas para ocultar la identidad del infractor. Igualmente, si se descubre que existe una organización estructurada para la comisión del delito.

Veamos un ejemplo de delito fiscal. Supongamos que un gobierno local solicita al gobierno central 2 millones de euros para una obra pública. Sin embargo, no todo ese dinero se destinó a dicho fin.

El alcalde de la localidad había llegado a un acuerdo con la empresa ganadora del concurso público para sobrevalorar la obra. El proyecto en realidad exigía un presupuesto de 1,8 millones de euros, aumentándose 200.000 euros para solicitar más dinero del debido al gobierno central. Dicho excedente se sospecha que se distribuyó entre el burgomaestre y la gerencia general de la empresa contratista.

Lo anterior podría configurarse como un delito fiscal por el alto monto de afectación al erario. Además, fueron varios los sujetos que intervinieron en el acto criminal.