Libertad de empresa

La libertad de empresa es un concepto que hace referencia a que los ciudadanos son capaces de desarrollar sin mayor impedimento cualquier actividad económica. Esto, de forma individual o colectiva.

Es decir, la libertad de empresa se define como el derecho a emprender un negocio sin trabas del gobierno. Dicha atribución se puede ejercer por parte de una persona o grupo asociado.

Cabe remarcar que la libertad de empresa tiene límites. Así, antes de fundar cualquier empresa se deben cumplir con todos los requisitos de ley. Estos son, por ejemplo, la inscripción formal en registros públicos y la designación de un administrador de la sociedad.

Características de la libertad de empresa

Las principales características de la libertad de empresa son las siguientes:

El Estado no debe impedir la conformación de una empresa sin mayor justificación. Puede ser, por ejemplo, que los datos de las personas que están inscribiendo la firma se hayan consignado erróneamente.
El gobierno no puede prohibir que una compañía se asocie con otra, por ejemplo, para compartir recursos u optimizar procesos.
Las autoridades no pueden determinar que la empresa fabrique sus mercancías o diseñe sus servicios de una u otra manera. Es decir, cada organización elige su estrategia de negocio.
Las empresas deben poder contratar al personal que le parezca adecuado. Esto, siempre garantizando que se cumplirá con todas las obligaciones de la ley como, por ejemplo, el pago de gratificaciones.
El gobierno no puede cerrar arbitrariamente una empresa sin razón aparente. Hay justificación, por ejemplo, si la firma ha acumulado infracciones a las normas sanitarias.

Límites a la libertad empresarial

La libertad de empresa tiene límites que son establecidos en el marco de la ley. Los principales motivos son los siguientes:

La actividad económica afecta directamente el bienestar de las personas. Nos referimos, por ejemplo, a sectores clave como el agua y saneamiento. En este caso, suele ser el gobierno el que se encarga de suministrar dicho servicio básico para asegurarse, en teoría, de que llegue a un precio justo a los ciudadanos.
Hay empresas que ofrecen productos que no son del todo beneficiosos para sus clientes. Entonces, las autoridades limitan, por ejemplo, los ámbitos y las formas en las que se puede hacer publicidad. Este es el caso del tabaco y el alcohol.
Algunas actividades son importantes para la calidad de vida de la población, por lo que el precio es regulado. Lo anterior se observa en la electricidad. En Perú, por ejemplo, los usuarios domésticos (hogares) pagan una única tarifa por megavatio-hora (MWh), la misma que es supervisada por el Estado. Aunque la empresa distribuidora del servicio no es estatal.
Parece evidente, pero vale la pena mencionar que el gobierno siempre puede (y debe) intervenir sancionando cualquier negocio relacionado a delitos como el narcotráfico.
En algunos casos, por cuestiones geopolíticas, el Estado decide mantener el control de un recurso estratégico. Así, deja fuera de ese sector a los actores privados. Podemos mencionar como ejemplo la producción de petróleo en Venezuela.