Remitente

La figura del remitente en derecho es la persona que ofrece unos servicios o productos en busca de que otra persona (el destinatario) acepte obligándose a lo pactado o rechace la oferta.

El remitente coloquialmente fuera del ámbito jurídico es conocido por ser la persona que envía una carta o un documento.

En derecho hay que entender al remitente como la persona (física o jurídica) que hace una oferta. Esta oferta es un conjunto de prestaciones y obligaciones que conforman una relación contractual.

Habitualmente esta figura se utiliza en derecho de obligaciones y sobre todo en derecho mercantil.

Características del remitente

Las principales características de la figura del remitente son:

La oferta puede ir dirigida a una persona, a un colectivo o a la sociedad en general.
En el momento en que el destinatario acepta la oferta del remitente, tanto el destinatario como el remitente se convierten en partes del contrato y, por tanto, obligados por su contenido.
Para convertirse en destinatario, es decir, en el obligado de una relación jurídica, es necesario que la persona física o jurídica otorgue su consentimiento expreso.
El consentimiento para obligarse en una relación jurídica puede darse verbal o por escrito. En algunos contratos solamente hará que nazca la relación obligacional el consentimiento por escrito, como es el caso de los contratos de trabajo.
El oferente o remitente no puede imponer por completo el conjunto de prestaciones y obligaciones ya que eso se consideraría abusivo para el destinatario de estas obligaciones.
La oferta puede y debe ser negociada entre las dos partes.

Límites

El remitente, entendiendo a este como el oferente de unos servicios o prestaciones tiene unos límites:

La oferta que haga al consumidor no puede ser contraria a la ley.
El conjunto de prestaciones o servicios que ofrezca deberán tener garantías que permitan al consumidor reclamar en caso de incumplimiento del contrato por parte del remitente.
La oferta no puede ser desproporcionada convirtiéndose en abusiva para el consumidor. Debe haber un equilibrio entre las obligaciones de las dos partes.
Existe libertad para las relaciones contractuales que puede ofrecer un oferente siempre y cuando no vulneren los principios generales del Estado y su normativa.