Estatuto Básico del Empleado Público: qué es, derechos y deberes

¿Qué es el Estatuto Básico del Empleado Público?

El Estatuto Básico del Empleado Público es la ley que regula las condiciones laborales de los funcionarios públicos y del personal laboral de la Administración Pública.

Contenido

Así, el Estatuto Básico del Empleado Público aborda cuestiones como el sistema de acceso, la transparencia, la igualdad, la promoción profesional, el derecho a la negociación colectiva, las funciones atribuidas y la formación.

Por otra parte, el Estatuto Básico del Empleado Público también comprende aspectos como la relación entre las distintas administraciones públicas, la gestión de recursos humanos, el sistema de evaluación y méritos y capacidades.

Esta normativa es aplicable tanto a los funcionarios de las administraciones estatales, regionales y locales.

Cada administración pública, sea nacional, regional o local, dispondrá de su propio órgano gestor de los recursos humanos. Para ello, establecerán sus propios sistemas de acceso, promoción y formación.

Acceso

Como norma fundamental en la regulación de la función pública, determina el modo en que deben realizarse las convocatorias de acceso a puestos de trabajo en la administración pública.

Por ello, el estatuto señala los plazos de las convocatorias y el modo en que deben hacerse públicas. En este sentido, las pruebas se basarán en sistemas de acceso mediante oposición y concurso-oposición, valorándose para ello la capacidad y los méritos de cada candidato.

En caso de tratarse de un sistema de oposición, el acceso se conseguirá en base a la valoración de una serie de pruebas. Si por el contrario nos encontramos ante un concurso oposición se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas y se valorarán los méritos acreditados.

También en relación con los métodos de acceso, se establece que los tribunales deberán estar compuestos por funcionarios de carrera que no hayan sido designados por cargos políticos.

Las ofertas de empleo público deberán ser pactadas entre los órganos de gobierno y los sindicatos. Posteriormente, la convocatoria de acceso deberá hacerse pública respetando los plazos marcados por la ley.

El número de plazas públicas ofertadas no será siempre el mismo. Así, la administración ofertará las plazas de acuerdo con sus necesidades de personal.

Clasificaciones

De acuerdo con el tipo de puesto ocupado y la duración de la relación de trabajo, el estatuto de la función pública establece distintas clasificaciones de funcionarios.

Según la duración del contrato:

• Funcionarios de carrera: Han superado la oposición o el concurso-oposición y obtenido una plaza con carácter permanente.

• Funcionarios interinos: Son nombrados para ocupar un puesto de manera temporal.

Según el nivel de estudios:

• Grupo A: Poseen titulación universitaria.

• Grupo B: Cuentan con una titulación académica de grado superior.

• Grupo C: Están en posesión de un título de Educación Secundaria, Bachillerato o son técnicos.

Derechos

Los trabajadores de la función pública, dada su especial condición laboral, cuentan con unos derechos específicos. Entre los más destacados cabe señalar los siguientes:

• Derecho a realizar labores relacionadas con su capacitación y su perfil profesional.

• Derecho a la posibilidad de promoción en el trabajo. Para ello, se valorará su capacidad y los méritos acreditados.

• Derecho a ser informado sobre el desempeño de sus actividades profesionales.

• Derecho a participar para conseguir los objetivos marcados por la Administración Pública.

• Derecho a la defensa jurídica.

• Derecho a no ser destituido de su puesto de manera arbitraria.

• Derecho a la negociación colectiva. Salvo en el caso de las Fuerzas Armadas, el personal funcionario tiene derecho a afiliarse a un sindicato.

Deberes

Desarrollar una carrera profesional como funcionario implica el cumplimiento de unas obligaciones especiales para con la Administración. Entre los deberes más importantes encontramos los siguientes:

• Respecto a la legislación vigente.

• Actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y velar por el interés general.

• Obrar con buena fe y al servicio de la Administración.

• No tomar parte en negocios que puedan suponer un conflicto de intereses.

• No dar trato de favor a ninguna particular u organización.

• Desempeñar eficientemente las labores encomendadas.

• Neutralidad en el ejercicio de sus funciones.

• Mantener en secreto la información de carácter confidencial.

Pérdida de la condición de funcionario

El fin de la condición de funcionario también queda regulado en el Estatuto de la Función Pública. El fin de esta relación entre el funcionario de carrera y la Administración puede darse por las siguientes causas:

• Jubilación

• Fallecimiento

• Renuncia voluntaria a la condición de funcionario

• Incapacidad permanente

• Sanción disciplinaria perpetua

• Ser objeto de una condena judicial de inhabilitación para cargo público

Sanciones

En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el personal funcionario puede ser sancionado con las medidas que recoge el Estatuto de la Función Pública. Las posibles sanciones son las siguientes:

• Apercibimiento: Se limita a una advertencia o corrección disciplinaria por parte de la Administración.

• Penalizaciones relacionadas de cara a ascensos en la carrera profesional o en aspectos de movilidad laboral.

• Traslado forzoso durante un periodo de tiempo determinado.

• Suspensión de empleo y sueldo.

• En los casos más graves, siempre y cuando esté acreditado y justificado, es posible la pérdida de condición de funcionario. De hecho, también se puede restringir la posibilidad de reingreso en los cuerpos funcionariales a la persona sancionada.