Externalidad

Nos referimos a externalidades cuando hablamos de situaciones en las que los costes o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado a pesar de tener un impacto externo.

En otras palabras, las externalidades son efectos secundarios (buenos o malos) que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad y no asume todos los costes de la misma, o todos los beneficios que le podría reportar. De esta manera podemos distinguir:

• Externalidad negativa: surge cuando no se asumen todos los costes de un efecto negativo. Hablamos de externalidades negativas cuando, por ejemplo, una empresa contamina su entorno o cuando una persona arroja basura a la calle. En estos dos casos, se genera un coste social, ya que es toda la sociedad por igual la que sufre las consecuencias de sus acciones. Y el precio de mercado no recoge este coste.
• Externalidad positiva: surge de un efecto positivo que no se reporta como beneficio. Un ejemplo de externalidad positiva que podemos mencionar es la investigación científica, de la cual se beneficia la sociedad en general. Otro ejemplo sería la utilización de energías renovables, del que se beneficia la sociedad porque la persona o empresa que las utiliza no está contaminando. En estos casos, los precios de mercado no recogen los beneficios reales.

¿Cuál es la solución a las externalidades?

Las externalidades son uno de los fallos del mercado, y por tanto uno de los motivos por los que se justifica la actuación del Estado en la actividad económica de un país.

Para hacer frente a las externalidades negativas, el Estado puede establecer impuestos sobre las actividades que afectan negativamente a la sociedad o poner límites cuantitativos para restringirlas. La propuesta del presidente de Francia hace unos años de que los países que más emiten CO2 paguen un impuesto es una forma de hacerles pagar por la externalidad negativa de aumentar el deterioro del medio ambiente en el mundo.

En cuanto a las externalidades positivas, el Estado puede intervenir para favorecer estas actividades mediante, por ejemplo, subvenciones o ayudas.