El IVA repercutido, también conocido como devengado, es aquel importe parte del precio final que una empresa o sociedad cobra en sus servicios o ventas propios de su actividad económica. Básicamente, las empresas actúan como elementos primeros recaudadores del impuesto del IVA que grava el consumo de los individuos.
Las empresas o trabajadores autónomos consideran determinados precios en la venta de los servicios que proporcionan o los bienes que comercializan teniendo en cuenta el tipo impositivo que el Estado establece según la naturaleza de los mismos. De este modo, por medio del IVA repercutido o devengado una empresa cobra del consumidor el precio de su actividad sumado a la parte tributaria que le corresponde.
Formalmente, hablaríamos de una cantidad de dinero porcentual que se añade al coste neto del bien o servicio. Así, las empresas ocupan el importante papel de elementos intermediarios o recaudadores, ya que reciben el importe del impuesto para posteriormente hacérselo llegar a la autoridad tributaria del país.
Ejemplo de IVA repercutido
Una tienda de instrumentos vende una guitarra española por 100 euros. Dicho importe será el que el comprador o consumidor va a asumir por la compra, es decir, lo que le cuesta la guitarra. No obstante, de esos 100 euros, 21 suponen la cuantía de IVA que tiene este tipo de productos (un tipo del 21% en España actualmente). Los 79 euros restantes sí que serán considerados como ingresos de la tienda.
Al final de cada período impositivo, normalmente trimestral o anual, las empresas calculan el IVA que deben declarar o pagar a la Agencia Tributaria estableciendo diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. (IVA a pagar = IVA Repercutido – IVA Soportado).
Es común entender el importe de este impuesto repercutido o devengado como parte de los ingresos, lo cual es erróneo porque este dinero no está dirigido a las arcas de la empresa sino que su destinatario final es el Estado. Esto a menudo es criticado, ya que visto en cierto modo los gobernantes se ahorran parte de los costes de recaudación al dejarla en manos de los empresarios y autónomos.
