Los deberes de los administradores de las sociedades cotizadas son las directrices y obligaciones que la Ley de Sociedades de Capital plantea en la normativa española al respecto. Así, se establece el modo en que las sociedades empresariales deben ser gestionadas y dirigidas.
En la actualidad, los deberes de los administradores de las sociedades cotizadas se encuentran incluidos en la Ley de Sociedades de Capital, más específicamente en el Capítulo V del Título VII, denominado “La responsabilidad de los administradores”.
En la legislación española estos conceptos han ido desarrollándose gradualmente a través de las diferentes actualizaciones normativas que este campo ha experimentado con los años. Los principales antecedentes respecto a los deberes de los administradores se encuentran en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, con sus correspondientes revisiones en las décadas siguientes, y la Ley de Transparencia de 2003, anterior paso antes de la actual ley promulgada en 2014.
Con la legislación actual, los deberes de los administradores de las sociedades cotizadas y otros muchos puntos normativos han sido reforzados de cara a la señalización y mejora de las responsabilidades de los mismos.
Básicamente, los puntos en los que se basan esta serie de directrices en forma de deberes son dos: el deber de diligencia y el deber de lealtad. A medida que se profundiza en la ley, ambos deberes son explicados con detenimiento en diferentes aspectos.
- Deber de diligencia: Por ley, los administradores deben ejercer efectivamente su cargo, informarse con diligencia y rapidez sobre la marcha y el buen funcionamiento de la sociedad, nombrar y destituir a directivos, responsabilizarse de tareas de vigilancia o supervisión de la empresa y actuar de forma discrecional y de acuerdo a la normativa vigente y los propios estatutos de la sociedad.
- Deber de lealtad: Los administradores tendrán la obligación de desempeñar este cargo haciéndolo como fieles representantes de la sociedad y llevados por la buena fe. También es importante su responsabilidad a la hora de la toma de decisiones de forma que sea beneficioso para la empresa y no para ellos mismos. En otras palabras, evitando posibles conflictos de interés.
