La reforma agraria es un conjunto de medidas dirigidas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra. De ese modo, se busca cambiar la forma en la que están distribuidas las explotaciones agrícolas.
Es decir, la reforma agraria es un conjunto de medidas destinadas a cambiar la forma en la que se concentra la posesión de la tierra. De ese modo, el objetivo es que los suelos productivos no se encuentren en manos de pocos latifundistas.
Visto de otro modo, a lo que apunta este tipo de reforma es a evitar que un factor de producción, la tierra, se mantenga como propiedad de unos cuantos agentes económicos.
Cabe señalar que este tipo de revoluciones han tenido lugar en diferentes países, ya sea de Asia, Europa o América Latina. Esto, a lo largo del siglo XX.
Objetivos de la reforma agraria
La reforma agraria se puede dar en distintos contextos. Dependiendo de eso, sus objetivos pueden ser los siguientes:
- Buscar mayor equidad social, dadas las grandes brechas entre la clase campesina y los latifundistas.
- Reivindicar a los agricultores, al ser estos sujetos de maltrato por parte de sus empleadores. Esto puede ser por la exigencia de largas jornadas laborales, bajas remuneraciones, e incluso la realización de tareas en condiciones que podrían considerarse de semiesclavitud.
- Evitar a futuro revueltas sociales que pudieran causar mayor perjuicio al Estado. Es decir, ante las demandas sociales, el gobierno se adelanta y previene conflictos que pudieran ser muy violentos.
- Reemplazar un esquema de grandes latifundistas por otro de pequeños y medianos agricultores.
Medidas de la reforma agraria
Para llevar a cabo la reforma agraria, se llevan a cabo dos medidas:
- Expropiación: El Gobierno toma el control del terreno, transfiriendo la propiedad, por ejemplo, del hacendado al agricultor.
- Mecanismos compensatorios: Se exige al latifundista que se desprenda de su propiedad. Esto, a cambio a una compensación que entregará el Gobierno.
Ejemplo de reforma agraria
Un ejemplo de reforma agraria fue el que se dio en la década de los setentas en Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La consigna era «devolver» la tierra a las manos de quien la trabajaba.
Así, el gobierno militar de Velasco expropió a los grandes terratenientes y adjudicó las unidades productivas a cooperativas y comunidades campesinas. Esto, con el objetivo de que dichas asociaciones gestionasen la actividad agrícola.
Esta revolución se habría dado en un contexto de conflicto social con brechas notorias entre hacendados y campesinos. Así, según algunos historiadores, la relación entre ambos muchas veces era, más que un vínculo laboral, una situación de sometimiento y explotación.
Cabe señalar además que el gobierno peruano, pese a llevar a cabo la expropiación, ha reconocido una deuda a los terratenientes despojados de su propiedad (o a sus correspondientes herederos). Así, se les ha otorgado un bono que será pagado en cuotas. La inscripción de los beneficiarios culminó en el 2019.
Sobre los resultados de la reforma, los investigadores suelen advertir que no tuvo los efectos deseados porque las cooperativas agrarias no poseían la capacidad o conocimientos para gestionar las unidades productivas. En consecuencia, no se generó riqueza, sino todo lo contrario.
Por otro lado, pese a que no se puede afirmar que la reforma agraria fue rentable, algunos analistas aseguran que dichas medidas eran casi inevitables en el contexto de ese tiempo. De otro modo, se hubiera desencadenado un mayor conflicto social.
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