La administración concursal es una entidad con la facultad de intervenir en una empresa deudora. Así, la controla y supervisa en el marco de un concurso de acreedores.
Es decir, la administración concursal es un órgano que gestiona el proceso judicial que se inicia cuando una compañía no puede cumplir con sus obligaciones financieras. De ese modo, realiza tareas como calificar los créditos pendientes, según la prioridad de pago.
El objetivo de la administración concursal es asegurar que se cumplan las disposiciones que establece la ley. Esto, dependiendo siempre de la supervisión de un juez mercantil.
Función de la administración concursal
La función de la administración concursal es intervenir las acciones del deudor. Y si este prestatario sufriera una suspensión, se supervisará a su sustituto.
Alternativamente, un administrador debe ser capaz de tomar decisiones en las diferentes fases que componen el concurso. Estas se relacionan con la vida de la empresa, su situación jurídica y su vida contable.
Dadas sus funciones, es frecuente que los perfiles elegidos para formar parte de administraciones concursales tengan conocimientos y experiencia. Esto, principalmente en los ámbitos de la comunicación, la gestión y la contabilidad.
Habitualmente la administración concursal suele estar compuesta por un solo administrador. Normalmente, esta persona debe ser abogado o economista con una trayectoria profesional de al menos cinco años y con formación acreditada en derecho concursal.
En ese sentido, no pueden afrontar estas tareas como administradores personas sin la capacidad de gestionar sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Del mismo modo, tampoco pueden ser elegidos individuos relacionados con el concursado solo en los tres últimos años, por ejemplo.
Pese a su labor de observación y valoración, el administrador también debe actuar con diligencia en el tiempo en el que ocupe dicho puesto. Por lo tanto, deberá responder por sus decisiones ante el deudor y/o los acreedores. Esto, en caso se ocasionen daños o perjuicios a la empresa, o si no se procede con la legalidad vigente.
