La ciudadanía es una condición que tiene una persona por pertenecer a un Estado determinado que le confiere ciertos derechos y deberes políticos para con ese Estado.
La ciudadanía proviene de la palabra en latín civitas, significa ciudad, lo que viene a remontarnos a su significado de ser miembro de una organización. El origen de este concepto es griego y su significado era permitir la participación en los asuntos políticos.
La ciudadanía implica un vínculo jurídico que une a la persona con su Estado, implica poder participar en la sociedad en la que vive. Es decir, ostentar una participación directa o indirecta en la administración del Estado, a través del voto, por ejemplo.
Dimensiones de la ciudadanía
Existen cuatro dimensiones donde se puede definir la ciudadanía con sus derechos y obligaciones:
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- Dimensión política: La ciudadanía se refiere a los derechos y responsabilidades políticas con su Estado.
- Dimensión económica: La ciudadanía se refiere al derecho al trabajo y a acceder al mercado de consumo. Contribuir a la sociedad y a su desarrollo.
- Dimensión social: La ciudadanía se refiere al respeto de las normas, costumbres y leyes del Estado.
- Dimensión cultural: La ciudadanía se refiere al conocimiento de un patrimonio cultural común, como la lengua y la escritura.
Ciudadanía y nacionalidad
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, la nacionalidad y la ciudadanía son sinónimos, pero podemos observar alguna diferencia si analizamos los dos conceptos.
La diferencia reside en que la nacionalidad vincula a la persona con el Estado sin importar si tienen o no tienen derechos políticos para participar en la comunidad política de ese Estado.
Se puede ser nacional de un Estado, pero no ser ciudadano, y, al contrario. Por ejemplo, una persona puede ser nacional española pero no poder ejercer los derechos que otorga la ciudadanía española, como el de participar en la vida política por circunstancias como la edad o el hecho de tener antecedentes penales.
Adquisición de la ciudadanía
La ciudadanía se adquiere en la mayoría de los casos al alcanzar la mayoría de edad, es decir, al cumplir los 18 años. A esta edad se entiende que la persona tiene la capacidad suficiente para hacer frente debidamente a sus derechos y deberes.
