Las cuotas de importación son herramientas con las que cuentan los países a la hora de limitar la cantidad física de un producto que puede importarse dentro de sus territorios.
Dentro de los distintos métodos de control del comercio exterior con los que cuenta un Estado, existe el la adopción de cuotas de importación.
Así pues, este mecanismo económico de restricción comercial supone por lo tanto la aplicación de límites de unidades o peso máximo de producto que es posible importar durante un periodo de tiempo determinado.
Introducir este tipo de medidas comerciales es perfectamente compatible con la implantación de otras de modo simultáneo. Es decir, un gobierno puede establecer estrategias comerciales de importación basadas en cuotas y establecer aranceles, por ejemplo.
En este sentido, el ejemplo de lo anterior sería el establecimiento de un arancel más bajo a la importación de un número específico de unidades de producto y uno mayor para aquellas otras importaciones que excedan ese número predeterminado.
Por otra parte, indicar que este mecanismo de la política comercial también es conocido como contingente comercial o arancelario.
Función principal de las cuotas de importación
A menudo suele entenderse la asunción de este tipo de cuotas como un modo de protección hacia los productores nacionales.
En otras palabras, al asumir que existe una cantidad determinada máxima que en un territorio puede importarse se entiende al tiempo que el resto de demanda interna de dicho producto deberá ser satisfecha por la producción interior.
No obstante, en ocasiones este tipo de políticas de comercio proteccionistas pueden causar el aumento del precio del bien en el interior y al tiempo del bienestar de sus consumidores.
Cuotas de importación en el entorno actual
Ante un entorno socioeconómico y político marcadamente globalizado, son cada vez menos los territorios que adoptan este tipo de medidas de control sobre las importación.
Los sectores susceptibles de aplicar cuotas siguen siendo aquellos necesitados de mayor atención por parte de los gobiernos. Debido, principalmente, a la escasez de los recursos o la precariedad de sus profesionales (como el caso del sector agrícola o la minería).
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