El lease-back es un tipo de leasing inverso por el cual el arrendador y propietario del bien pasa a ser arrendatario una vez transfiere la propiedad del mismo. También conocido como sale and lease-back (venta y permanencia), retroleasing o leasing de retorno.
El lease-back es una operación en la que un propietario, hasta ahora arrendador, transfiere la propiedad a su arrendatario, cambiando así de papeles.
Por ejemplo, lo que algunas administraciones públicas han realizado con su patrimonio inmobiliario (leasing inmobiliario). De forma que un edificio público de oficinas (por ejemplo de un Ayuntamiento) traspasa la propiedad a un segundo agente, a cambio del pago de una renta por las oficinas que anteriormente eran suyas. Así pues, el Ayuntamiento que antes contaba con oficinas propias, vende su edificio a la otra parte (obteniendo un ingreso por ello) y en adelante pagará un alquiler por el uso y disfrute de esas oficinas.
Motivos para recurrir al sale and lease-back
Esta práctica, utilizada en los últimos años por instituciones y grandes corporaciones, se suele realizar en periodos de dificultades y como una forma de obtener liquidez inmediata por la venta de patrimonio. Ya que mientras el dinero de la venta se obtiene inmediatamente, el pago del alquiler es fraccionado y son pagos, generalmente, más asumibles y deducibles fiscalmente.
Así por ejemplo, cuando una administración necesita deshacerse inmediatamente de patrimonio público, o cuenta con necesidades de ingresos, puede poner a la venta bienes que no le sean totalmente necesarios. También es una forma de deshacerse de bienes que no va a necesitar en los próximos tiempos, por lo que pone a la venta patrimonio y permanece en alquiler el tiempo restante.
El lease-back es un sistema criticado en ocasiones. Ya que, si bien permite la obtención de ingresos a corto plazo, a largo plazo el precio (coste) que paga por usar sus propias instalaciones (transferidas a una agencia de leasing) suele ser mayor del que tendría si continuasen siendo suyas. Esto es debido a que tras la firma del contrato de leasing, el nuevo arrendador querrá obtener una rentabilidad sobre su inversión (pago por el bien), deteriorando a largo plazo la capacidad de solvencia de una institución o corporación.
