La informalidad económica en Latinoamérica es uno de los principales lastres para el crecimiento y el desarrollo en la región. La digitalización de las instituciones podría acabar con un gran porcentaje de la corrupción en los países miembros.
Latinoamérica es una economía con una gran capacidad de crecimiento. Dentro de lo que podríamos denominar “el elenco de las mejores economías emergentes del mundo”, muchos de los países que integran la región Latinoamérica podrían considerarse aptas para integrarse en ese grupo. Sin embargo, las apariencias y la debilidad institucional en los países que integran la región, en muchas ocasiones, generan una sensación más que distinta. Una sensación que resta atractivo a este gran potencial.
La corrupción en Latinoamérica es un gran problema para su economía. Pero no solo para Latinoamérica, pues la economía informal, derivada de los continuos casos de corrupción, es uno de los grandes lastres al desarrollo y al crecimiento económico. Un país corrupto, a su vez, posee un menor atractivo para atraer inversión y garantizar la seguridad jurídica de los propios inversores en el país. A la vez que, casualmente, muchos de los países que poseen mayores casos de corrupción en sus economías, a su vez, precisan de mayor inversión para lograr un mayor, y más eficaz, desarrollo.
Desarrollo que, en muchos casos, ni llega a materializarse. La elevada tasa de informalidad en las economías acaba lastrando la atracción de capital. La falta de garantías que ofrecen estos países con bajos niveles de transparencia en la gestión acaba generando un componente detractor para los inversores internacionales, que descartan invertir en aquellos países que, en este caso, no le ofrezcan garantías de que esa inversión va a gozar de una seguridad y de una legalidad en el país. Algo que, en aquellos países con elevadas tasas de informalidad económica, no se percibe.
Esta es la situación con la que llevan combatiendo muchos gobiernos en países de Latinoamérica. México, por ejemplo, es la mayor economía de Latinoamérica; México es una economía con un gran atractivo, a la vez que la posición que ocupa a nivel geográfico le dota de unas ventajas que otros países no tienen, ya que se sitúa en el límite fronterizo con uno de los principales actores en el mercado internacional, Estados Unidos. Estas capacidades le dotan de un atractivo que, en muchos casos, acaba mermándose por la incapacidad para reducir los elevados niveles de corrupción.
Los distintos casos de corrupción, empezando desde los sobornos, acaban espantando al capital extranjero, que teme verse inmerso en tramas corruptas, donde la rentabilidad del propio negocio acabe mermándose por los elevados costes que tiene la corrupción en el país. Unos costes que, para un negocio, suponen un sobrecoste a pagar, el cual no todos están dispuestos a afrontarlo; al menos cuando existen otras economías que lo están enfocando de una forma más legítima. Un problema que acecha a la economía, pero para el que todavía no se ha encontrado el remedio concreto, dada la debilidad de las instituciones en el propio país; instituciones que, hace unas semanas, se vieron forzadas a liberar un narcotraficante para relajar la situación entre el propio gobierno y el cártel.
Economías corruptas, economías poco atractivas
De acuerdo con el Secretariado de Transparencia Internacional (TI), existe una elevada relación entre la corrupción en los países y el debilitamiento de la democracia. Aquellos países más corruptos, acaban siendo, por ende, países menos democráticos y más propensos a sistemas más autoritarios. Esto, como decía, es un auténtico problema. De acuerdo con los ranking presentados por el Secretariado, muchos de los países latinoamericanos, destacando especialmente el caso de Venezuela, ocupan puestos muy atrasados en el ranking de los países más corruptos que elabora el propio organismo. Desde Venezuela, que obtiene una puntuación de 18 sobre 100 , situándose como el país más corrupto de la región, hasta México, que como decíamos en el ejemplo, obtiene 28 sobre 100.
Unos puestos que sitúan a la economía en Latinoamérica como una economía donde la corrupción tiene una gran presencia dentro de su economía, presenciando una elevada informalidad en los países. Una elevada informalidad que también viven países como Nicaragua o Guatemala, por delante de México en el ranking. De acuerdo con un estudio publicado por el Banco Mundial, uno de cada cinco brasileños, uno de cada cuatro peruanos, así como el 15% de los chilenos, consideran que la corrupción es uno de los principales problemas de Latinoamérica. De acuerdo con el mismo estudio, la corrupción ha ganado tanta presencia en los países que en México, el 23,6% de los encuestados por el organismo considera que los sobornos están justificados.
La corrupción en Latinoamérica ha penetrado hasta el punto que los ciudadanos consideran no poder hacer nada para frenarla. Tal es el punto que en países como Bolivia, el 28,6% de los encuestados afirman haber pagado un soborno a la policía para un determinado fin; en México, el 23,8% también asegura haber pagado un soborno a la policía; mientras que en países como Paraguay o Perú, los ciudadanos que afirman haberlo hecho suponen el 21% y el 18,6%, respectivamente. Es decir, casi una quinta parte de los ciudadanos encuestados afirman haber tenido que pagar sobornos a la policía en el país.
Por el lado de las empresas, retomando lo que hablábamos anteriormente y la importancia de la inversión extranjera en estas economías, en países como Brasil, el 11,7% de los encuestados que tienen intereses en el país consideran que tendrán que abonar un soborno para realizar negocios en el país; en países como México, el número de empresas se dispara hasta el 17,6%; un 17,6% que, precisamente, también presentan países como Perú. Otros países como Paraguay o República Dominicana, presentan niveles del 13,8% y 12,3%, respectivamente. Razón que muestra la percepción negativa de los empresarios sobre la corrupción en los países latinoamericanos.
Razón que, a su vez, justifica la gran cantidad de inversiones que se está perdiendo la región por no precisar de esa garantía jurídica para no tener que afrontar los efectos derivados de los casos de corrupción. Una situación que, como digo, se está revirtiendo, pero se produce de forma muy gradual y con un control que, en ocasiones, es imposible de medir con datos. Sin embargo, en los últimos meses, la 4ª revolución industrial, la digitalización y todo aquello que está generando un entorno de negocios en la era digital está ofreciendo soluciones a muchos países para eliminar estos efectos adversos de la corrupción.
La digitalización de las instituciones, dado que un gran porcentaje de esa corrupción se produce en el trato directo con funcionarios, policías y dirigentes, podría tener un efecto en la propia corrupción, ya que si el proceso se hace de forma digital, no teniendo que acudir a funcionarios que expidan la documentación, licencias o certificados, el proceso podría resultar más democrático que si, al contrario, tuviésemos que hacer el proceso de forma física. La digitalización podría ser una gran herramienta para estos países, pues digitalizar las instituciones podría generar un entorno más democrático en el país, igualando los procesos e impidiendo el cobro ilegal de sobornos.
La digitalización como solución a la corrupción
El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recomendaba a los países latinoamericanos a llevar a cabo procesos para digitalizar, cuanto antes, las instituciones. Desde el organismo se consideró que el llevar a cabo procesos para digitalizar los trámites burocráticos podría incidir de forma directa en la corrupción en el país. Ya que, en un país donde no existe una burocracia física, sería más complicado seguir sobornando debido al formato digital.
Por esta razón, los organismos multilaterales consideran que un proceso en el que todos los trámites se realicen de forma telemática no solo provocaría un escenario más democrático, sino que los niveles de transparencia aumentarían notablemente. Provocando así, una mayor seguridad y garantía al poder realizar los trámites sin la presencia de un funcionario. Con la digitalización, los sobornos que, como recordamos, tenía que pagar una quinta parte de los mexicanos, se reducirían en una cuantía enorme.
En Europa, por ejemplo, el 81% de los trámites burocráticos que se pueden realizar de forma telemática; sin embargo, en Latinoamérica solo el 7% de esos trámites burocráticos se pueden realizar de forma telemática. Esto muestra la gran presencia de la corrupción en estos países, pues no es lógico que solo el 7% de los trámites burocráticos puedan realizarse online, poniendo sobre la mira de las autoridades globales la permisión de las instituciones en el blanqueamiento de la corrupción. Pero, además, como indica el propio BID, la digitalización de la burocracia no solo reduce la corrupción, sino que también reduce los costes gubernamentales en materia de gasto público, ya que no se requiere tanto funcionario para los trámites, pudiendo dedicarse a otras cosas como los servicios sociales.
En resumen, una mejora muy sustancial y a la que deberían adherirse los países en la región. Latinoamérica no puede ser una región en la que los países presenten tales niveles de informalidad económica. La necesidad de inversión debería provocar una mayor conciencia en los políticos y dirigentes en el país, centrando los esfuerzos en reducir y mejorar la situación, logrando así un mayor atractivo para los países. Con unos niveles semejantes, el potencial de las economías emergentes en la región se está reduciendo considerablemente, impidiendo así el desarrollo y el crecimiento que tanto buscan, y necesitan, los ciudadanos latinoamericanos.
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