Las recientes detenciones de aquellos que acceden a documentación sensible ponen de manifiesto la competencia de las autoridades en su lucha contra la obtención de ganancias extraordinarias pero ilegales.
Entendemos por información privilegiada a toda documentación a la que sólo tienen acceso determinadas personas dentro de una empresa u organización -por el cargo de responsabilidad que ocupan en ella- y que puede aportar cuantiosas ventajas económicas a sus conocedores. Así, el empleo indebido de esta información -lo que se conoce como fraude- hace alusión a una serie de prácticas ilegales de manipulación y especulación en cuanto a valores y precios; pero si nos ceñimos al área financiera, esto se traduce en que gestores de fondos, brokers y altos directivos próximos a la Bolsa se han volcado de lleno en desempeñar maniobras individuales o corporativas de tinte sospechoso con el objeto de incrementar sus ganancias personales. O las de sus más íntimos allegados.
El último ejemplo al que podemos acudir ha tenido lugar muy recientemente. A finales del mes pasado han sido detenidas en China cinco personas -un periodista de una prestigiosa publicación económica y cuatro ejecutivos de la mayor correduría asiática, CITIC Securities- tras haber admitido difundir información falsa en materia bursátil, aprovechando el desplome actual de las bolsas de la potencia oriental, la ralentización de su economía y la inesperada devaluación del yuan en agosto. Todo lo cual, según señala la agencia oficial Xinhua, ha causado “grandes pérdidas al país y a los inversores”. Además, la misma agencia añade que un funcionario en el regulador bursátil chino CSRC también ha confesado tráfico de información privilegiada, “utilizando su cargo para impulsar la cotización de una empresa a cambio de sobornos por millones de yuanes”.
Otra muestra del uso de información fraudulenta ha sucedido en pleno verano, cuando varios individuos -cinco corredores de bolsa procedentes de Estados Unidos y dos hackers ucranianos- han sido acusados de recaudar 30 millones de dólares penetrando los sistemas informáticos de empresas que publican informaciones sobre fusiones y adquisiciones corporativas y operando en Wall Street, basándose en esta documentación antes de que se hiciera pública. Se trata, ni más ni menos, de la intriga de mayor peso dentro de su categoría que ha llegado a la justicia norteamericana y en la que se suman el fraude con valores financieros y cibernéticos y, asimismo, asociación ilícita para conseguir el lavado de dinero.
En concreto, desde el año 2010 y hasta 2013, los expertos en informática pudieron acceder a la información de entidades como Marketwired, de Toronto; PR Newswire, de Nueva York; y Business Wire, de San Francisco, antes de que se hiciera pública para efectuar las transacciones que más les beneficiaran; de hecho, en 2013 el grupo ganó 1,4 millones de dólares con acciones de Align Technology de San José, California, anticipándose a un informe de prensa de que los ingresos anuales habían aumentado más del 20%. Después de lo ocurrido, Business Wire contrató a una firma especializada en ciberseguridad para analizar sus sistemas.
Fraude absuelto en España
Y en cuanto a España, no hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar un caso muy controvertido. El pasado mes de febrero, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, y el director adjunto responsable de la oficina en Nueva York del FBI, Diego Rodríguez, presentaron dos cargos por fraude de valores contra Cedric Cañas -asistente del ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz-, castigado cada uno de ellos con un máximo de 20 años de cárcel.
Lo más curioso es que Cañas fue absuelto en nuestro país por uso de información privilegiada en la compra de títulos de la firma canadiense Potash, es decir, la misma operación que ahora condena Estados Unidos y que pone en evidencia el diferente rigor a la hora de perseguir los fraudes en el mercado de valores de ambas naciones. De hecho, la Audiencia Nacional sentenció que esa adquisición no suponía uso de información privilegiada. «El hecho de que el acusado Cedric Cañas haya obtenido una ganancia al operar con Potash no quiere decir que su conducta sea subsumible en el artículo 285 del Código Penal», que castiga el uso de información relevante para la cotización de cualquier clase de valores, según los jueces españoles.
Con todo, es difícil que el país norteamericano pueda lograr la extradición de Cañas tras haber sido ya juzgado en España y a pesar de que el fiscal y el FBI le acusan de haber trabajado con información privilegiada que obtuvo en el banco y de lograr con ella un beneficio de 917.239 dólares. “Cedric Cañas explotó su acceso a la información relevante no pública para comprar valores que razonablemente sabía que iban a aumentar su valor después de un anuncio público (…) y logró una ganancia de casi un millón de dólares. En compañía del FBI, continuaremos persiguiendo a aquellos que buscan obtener ganancias extraordinarias ilegales con información privilegiada», declara Bharara, conocido como el sheriff de Wall Street.