Incremento retroactivo de la tasa de interés

Especialmente en el ámbito bancario, el incremento retroactivo de la tasa de interés es una actividad corriente.

En ese sentido, dicho concepto es aplicable a la acción de las tarjetas de crédito y el efecto que suponen los cambios en tipos de interés a las compras realizadas con las mismas.

Lo más común es que un banco establezca esta medida para impagos en periodos de tiempo superiores a entre dos y seis meses.

Aunque esto siempre y en todo momento dependerá de las condiciones pactadas entre banco y cliente a la hora de contratar una tarjeta de crédito en específico.

Muchos contratos de carácter bancario o créditos en el mercado conciben la posibilidad de aumentar el peso de los intereses sobre el precio de una compra anterior.

Es decir, dicha contingencia debe estar previamente informada al cliente detalladamente en el borrador inicial u oferta comercial correspondientes a la tarjeta de crédito a contratar.

Por otro lado, en ocasiones este concepto se relaciona con prácticas prestamistas poco reguladas o incorrectas.

Por este motivo, la mayoría de las regulaciones y normativas persiguen conductas abusivas por parte de las entidades de crédito.

Las consecuencias de este tipo de cambios en los tipos pueden resumirse en los siguientes puntos a destacar:

• Posible generación de deuda. Una vez que se revierte una nueva tasa de interés, el pago pendiente aumenta. En otras palabras, el bien adquirido a crédito es más caro.
• Afecta al saldo contable. El cliente verá afectado su saldo disponible una vez que se haya realizado el incremento de manera retroactiva.
• Aspectos psicológicos del incremento. A menudo los compradores consideran compras pasadas como ya valoradas y calculadas. Es decir, no tienen en cuenta que el importe total del bien adquirido pueda ser superior al estimado en el momento de comprarlo.
• Consecuencia de impagos generados. En ocasiones este tipo de aumentos de intereses acumulados son resultado de determinados períodos de impago por parte del cliente deudor.

Si bien como se ha visto muchas veces este mecanismo sirve como elemento de defensa de los intereses de la entidad acreedora, es habitual que las instituciones económicas vigilen sus acciones.

Para evitar aumentos de deudas a crédito y facilitar el pago de los consumidores, a menudo cada territorio establece legislaciones dirigidas a este tipo de acuerdo crediticio.

El objetivo de esta vigilancia administrativa es evitar posibles conductas abusivas o fraudulentas por parte de los bancos y otras instituciones de crédito habituales.