El Programa Bracero (1942-1964) consistió en un conjunto de medidas legales que hicieron posible que 4,5 millones de mexicanos trabajaran en labores agrícolas en los Estados Unidos.
Con Estados Unidos volcado de lleno en la Segunda Guerra Mundial, escaseaba la mano de obra en el sector agrícola, por lo que había que recurrir a trabajadores extranjeros. Y es que, la fuerza de trabajo estadounidense se había visto reducida porque millones de hombres se habían visto obligados a combatir en Europa y el Pacífico.
El origen del Programa Bracero se encuentra en la localidad californiana de Stockton, allá por el año 1942. Si bien comenzó llamándose Programa del Trabajo Agrícola Mexicano, terminaría recibiendo el nombre de Programa Bracero, puesto que los jornaleros mexicanos eran conocidos como “braceros”.
Así pues, el acuerdo en materia laboral entre Estados Unidos y México establecía que los jornaleros mexicanos debían percibir un sueldo mínimo de 30 centavos la hora, así como también determinaba unas condiciones de dignidad en cuanto a alimentación, alojamiento y sanidad e higiene.
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Características del Programa Bracero
Si bien la contratación de trabajadores había sido algo regulado entre particulares, gracias al Programa Bracero hubo un cierto control de la contratación por parte de los Gobiernos de México y Estados Unidos. De este modo, la inmigración pasó de ser un fenómeno familiar y muchas veces ilegal a convertirse en una situación regulada, temporal y enfocada hacia el mundo de la agricultura.
Estados Unidos tendía a gestionar la inmigración de igual manera con todos los países. Sin embargo, dada su estrecha relación con México, la demanda de trabajadores agrícolas le llevó a establecer una relación bilateral especial con su vecino del sur. Todo ello permitiría que el Programa Bracero se prolongase en el tiempo durante veintidós años. Ahora bien, hay que señalar que el Programa Bracero no estuvo libre de polémicas, puesto que no siempre se respetaba la dignidad de los trabajadores mexicanos.
Más aún, no siempre Estados Unidos y México estuvieron de acuerdo, pues en 1954 el programa se canceló temporalmente. Finalmente, Estados Unidos se percató de que sin la colaboración de México no era posible gestionar un programa laboral de inmigración, mientras que México comprendió que resultaba imposible impedir la emigración de sus ciudadanos.
Otro aspecto a señalar del Programa Bracero es que estableció una inmigración regulada, que se controlaba en función de las necesidades de mano de obra enfocada principalmente a los trabajadores del campo.
Los acuerdos bilaterales alcanzados entre Estados Unidos y México permitirían a los jornaleros mexicanos disponer de un salario mínimo digno, así como también disponer de unas condiciones laborales igualmente dignas en lo que se refiere a alojamiento, alimentación, transporte y seguridad e higiene.
Como explicábamos anteriormente, el Programa Bracero y las relaciones entre México y Estados Unidos no siempre fueron fáciles. Así, se dieron casos de discriminación en estados como Texas, donde estaban acostumbrados a emplear inmigrantes en situación irregular como mano de obra. Sin embargo, la eficiencia y el buen funcionamiento de la maquinaria burocrática del Programa Bracero terminó empujando a los empresarios tejanos hacia la contratación de inmigrantes en situación regularizada.
Cabe señalar que aunque el Programa Bracero implicaba un aumento del gasto público y un mayor despliegue de recursos a la hora de atender prestaciones, no se tradujo en una subida de los precios de los productos agrícolas.
Aspectos polémicos del Programa Bracero
Pese a que el Programa Bracero marcaba las líneas de una inmigración regulada y con un trabajo digno, la inmigración ilegal prosiguió. Y es que el programa no satisfacía la demanda total de trabajadores.
En el marco de esta controversia provocada por la inmigración irregular, en 1952 se prohibió transportar y dar cobijo a quienes entrasen en Estados Unidos de manera ilegal. Ahora bien, posteriormente se añadiría una enmienda denominada «Texas Act» que evitaba que los empresarios fuesen castigados por ello.
La llegada de numerosos trabajadores mexicanos no dejó indiferentes a los trabajadores estadounidenses. Así, los norteamericanos protestaron por la llegada de unos jornaleros mexicanos que estaban dispuestos a trabajar por salarios mucho más bajos.
Entre otros problemas, se encontraban los conflictos laborales a la hora de negociar los convenios colectivos. La falta de consenso entre trabajadores y empresarios provocaba que México se negase a enviar trabajadores, mientras que Estados Unidos recurría a contratar trabajadores sin contar con México o a legalizar a inmigrantes en situación irregular.
Los contratos laborales firmados al amparo del Programa Bracero dejaban a los trabajadores mexicanos en una situación de debilidad frente al empresario. El trabajador estaba limitado a trabajar en un determinado lugar, era de carácter temporal y había poca supervisión por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. De hecho, muchas veces, los empresarios incumplían lo pactado en las negociaciones.
Un capítulo importante en el Programa Bracero fue el despliegue de un gran aparato burocrático. Seguir los cauces legales implicaba mucho papeleo y costes para los empresarios, acostumbrados a que, tiempo atrás, llegasen los trabajadores directamente a sus instalaciones sin ningún coste. Por otra parte, en México, los trabajadores tuvieron que sufrir en sus propias carnes la corrupción, pues debían pagar sobornos a las autoridades o realizar favores.
Más allá de la burocracia, el reclutamiento de trabajadores mexicanos se llevaba a cabo en zonas fronterizas, donde los trabajadores permanecían a la espera en unas condiciones muy duras (hambre, debilidad física) y debían soportar humillantes procesos de selección.
Otra medida que causó un gran revuelo fue que el Gobierno mexicano, entre 1943 y 1949, obligó a los trabajadores a ingresar el 10% de sus ahorros en bancos estadounidenses que, más tarde, serían transferidos al Banco Nacional de Crédito Agrícola de México. Desafortunadamente, nunca se devolvió a los trabajadores mexicanos todos sus ahorros.
