Una vez más, la falta de acuerdo político conduce a España a unas nuevas elecciones, las cuartas desde diciembre de 2015. Son muchos los que preocupados, se preguntan: ¿cuánto costará organizar una nueva cita con las urnas?
Poner en marcha toda la maquinaria electoral, movilizar a las fuerzas de seguridad, a empresas como Correos, contratar una empresa que se encargue de la difusión de los resultados y del soporte informático, las campañas electorales de los distintos partidos políticos, pagar a los miembros de las mesas electorales y a los funcionarios, no es algo que le salga gratis al estado. De hecho, entre 2015 y 2019 se han gastado 540 millones de euros en las distintas citas electorales.
Al igual que ocurrió en abril de 2019, se trata de una convocatoria de elecciones marcada por circunstancias imprevistas. De ahí que se barajen presupuestos similares y que se sigan procedimientos idénticos. Pues bien, ante este contexto, se recurre al Fondo de Contingencia, que proporcionará las cantidades necesarias para sufragar situaciones inusuales. Por tanto, para las elecciones de noviembre, estaríamos hablando de un presupuesto en números redondos de 139 millones de euros.
Hay que subrayar que fuera de lo presupuestado en el Fondo de Contingencia quedan las subvenciones a los partidos políticos. En este caso, el Gobierno es el encargado de aprobar un decreto con las distintas asignaciones que le corresponden a cada partido político. Estas prestaciones supondrían al erario público un total de 31 millones de euros.
¿En qué se gasta el presupuesto de las elecciones?
Ahora bien, centrémonos en cómo se reparten las distintas partidas del presupuesto electoral.
Comencemos por Correos, que absorbe el 40,6% del presupuesto. La empresa de titularidad pública contará con un total de 56,5 millones de euros. Esta cantidad deberá servir para financiar el coste de la gestión del voto por correo, informar a los integrantes de las distintas mesas electorales y propaganda electoral.
Con el 14,5% del presupuesto le sigue la Administración electoral. En este capítulo nos encontramos con las Juntas Electorales, cuya función es la supervisión del correcto desarrollo de las elecciones. Así, cada persona que forme parte de una mesa electoral será remunerada con 65 euros y tendrá la posibilidad de solicitar la reducción de jornada así como otros derechos adicionales.
La información y la comunicación en un acontecimiento tan importante como las elecciones es fundamental. Por ello, el Gobierno debe de encargarse de contratar una empresa que se encargue de las telecomunicaciones y de la difusión de los resultados electorales. El procedimiento empleado para la selección y contratación será el de concurso público. Tomemos como ejemplo las elecciones de abril de 2019, donde se estableció un límite de gasto máximo de 10 millones de euros. En aquella ocasión, Indra se llevó el concurso por 7,44 millones de euros.
Así pues, la empresa que resulte elegida en el concurso público también tendrá que prestar soporte informático y poner los datos electorales a disposición de la base de datos del Ministerio del Interior.
Cuando entramos en un colegio electoral nos encontramos con multitud de papeletas, sobres, mesas electorales y cabinas que garantizan nuestra intimidad a la hora de votar. Dejar los colegios electorales a punto para unas elecciones le suponen al estado un total de 13,1 millones de euros.
Como explicábamos anteriormente, toda cita con las urnas conlleva un gran despliegue del aparato del Estado. Por ello, para garantizar la seguridad se hace necesario la presencia de la policía, lo que se cifra en 14 millones de euros. No hay que olvidar el coste de la Oficina del Censo, que implica otros 7,2 millones de euros. Y, por último, cabe señalar que, para el correcto desarrollo de las elecciones, es necesaria una buena cooperación entre la Administración del estado y las corporaciones locales o ayuntamientos, lo que se traduce en otros 7 millones de euros.
El coste de la campaña electoral
Más allá de los costes organizativos de unas elecciones, hay otro aspecto que le preocupa especialmente al ciudadano. Estamos hablando del dinero público que irá a parar a los partidos políticos para poder sufragar su campaña electoral. Pues bien, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la repetición de las elecciones implica una disminución del 30% para esta clase de partidas. También hay que añadir que la campaña será de menor duración: 8 días frente a los 15 días de las elecciones de abril.
Vemos cómo afecta este recorte del gasto marcado por la ley: de no producirse unas nuevas elecciones, los partidos políticos tendrían un total de 44,3 millones de euros para repartirse. Sin embargo, la reducción de ese 30% por repetición electoral lo dejará en unos aproximadamente 31 millones de euros que deberán distribuirse entre los distintos partidos políticos.
Finalizando, y por hacernos una idea de la magnitud del asunto, unos nuevos comicios en España, sumados a los celebrados durante los últimos cuatro años, equivaldrían a la nada desdeñable cifra de 540 millones de euros. Es decir, el equivalente al 25% del presupuesto dotado para luchar contra el desempleo juvenil durante los próximos dos años. Muy preocupante, todo sea dicho, teniendo en cuenta que España tiene el desempleo juvenil más alto de la Unión Europea por detrás de Grecia.
