El pasado 6 de junio, los peruanos eran llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, en una segunda vuelta donde rivalizaban los candidatos con el mayor número de votos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
La victoria del candidato de Perú Libre ha generado una gran incertidumbre en el mundo económico, y esto por sus propuestas en lo que se refiere a su programa de expropiaciones de empresas.
Este giro de 180 grados en la política económica peruana es defendido por Castillo como una necesidad para impulsar el crecimiento, pero como veremos a lo largo de este artículo, los resultados, como diría Thomas Sowell, pueden diferir de los deseados. Pues las políticas económicas deben medirse por estos, y no por la intencionalidad que llevó a estos políticos a aplicarlas; al menos así lo defendía el economista de la Escuela de Chicago.
La importancia de la inversión
«La inversión es lo que permite capitalizar a las empresas, es decir, dotar a los trabajadores de los medios para sacar el máximo rendimiento posible de su tiempo.»
Quizás pueda parecer obvio, pero es importante recordar que todo proceso de crecimiento económico es sostenible en el tiempo siempre y cuando exista, al menos, un nivel mínimo de inversión. El motivo es que la inversión es lo que permite capitalizar a las empresas, es decir, dotar a los trabajadores de los medios para sacar el máximo rendimiento posible de su tiempo; lo que conocemos como productividad.
En la agricultura, un sector que además tiene mucho peso en la economía peruana, podemos encontrar un ejemplo muy claro. Un agricultor que solamente disponga de un arado, como podemos intuir, podrá trabajar una superficie de tierra muy limitada. Por otro lado, otro agricultor que cuente con un tractor, por ejemplo, podrá cubrir un área más extensa y en menos tiempo. El resultado es que el dueño del tractor podrá generar un rendimiento equivalente al de varios agricultores con arado, es decir, será más productivo. Y ello por esa inversión realizada.
Como podemos imaginar, si los demás agricultores también disponen de tractores, lo lógico es que la producción, en su caso, también se multiplique, por lo que los salarios en el sector aumentarán. Se trata de un proceso experimentado en todo el mundo y del cual podemos encontrar numerosos ejemplos. Estados Unidos, por citar uno de ellos, empleaba en 1920 al 25,90 % de la fuerza laboral en el sector agrícola para alimentar a una población de 106,5 millones de personas. En 2020, y con una agricultura más capitalizada, el 1,31 % era suficiente para alimentar a 331 millones.
Lo mismo podemos decir de otros sectores, donde la capitalización es esencial para elevar la productividad de los trabajadores y, con ella, sus salarios reales. El problema es que, como veremos, la capitalización es una de las grandes ausentes del programa de Pedro Castillo, dando lugar a una extraña paradoja que explicaremos en las próximas líneas.
El Estado empresario
«Un excesivo afán expropiador, que tiene como objetivo incrementar la inversión en el país, corre el riesgo de ser el factor que acabe con ella.»
Si leemos el programa electoral del partido Perú Libre, veremos que dos de los temas más recurrentes son el nacionalismo económico y el estatismo.
El resultado de la combinación de estas dos variables es un mensaje donde abundan las críticas a las empresas privadas –sobre todo extranjeras– por llevar sus beneficios fuera de Perú. El mismo razonamiento se aplica a la deuda externa, cuyo pago obliga a la salida de capitales del país. Y tampoco podríamos olvidar las realizadas sobre los tratados de libre comercio, por introducir productos extranjeros a precios con los que los productores peruanos no pueden competir.
La alternativa propuesta es revertir esta situación otorgando al Estado el papel de empresario, es decir, poniendo en marcha proyectos de inversión, creando empleo y hasta industrializando el país. De esta manera, se proponen ambiciosos proyectos de inversión pública, como el plan de infraestructuras de transporte propuesto, o la propuesta de elevar el gasto en educación, pasando del 3% al 10 % del producto interior bruto (PIB).
Por otra parte, para detener la salida de capitales del país, en su programa encontramos dos grandes propuestas. La primera consiste en subir los impuestos a las concesiones de empresas multinacionales, pudiendo alcanzar el 80 % de los beneficios generados. La otra, más radical a juicio de los analistas y expertos, consiste en un plan de nacionalizaciones de empresas privadas en los sectores que el Gobierno considera estratégicos. Sectores entre los que se encontrarían la minería, el petróleo o el gas natural.
La idea es que los recursos obtenidos a través de estas dos vías se redirijan hacia un mayor beneficio de todos los peruanos mediante esa mayor inversión pública. Por ejemplo, de acuerdo con el propio programa electoral de Castillo, se estima que los impuestos aplicados a las explotaciones gasíferas de Camisea serían suficientes para financiar el aumento del gasto en educación que se ha mencionado anteriormente. El problema es que, como veremos más adelante, este afán expropiador, que tiene como objetivo principal incrementar la inversión en el país corre el riesgo de ser el factor que, como si de una paradoja se tratara, acabe con ella.
Inseguridad jurídica y baja productividad
«El llamado imperio de la ley únicamente puede manifestarse cuando el comportamiento del Estado es previsible. Es decir, cuando las consecuencias de quebrar una ley están claras para todos, se mantienen en el tiempo y permiten que las empresas compitan bajo las mismas reglas».
El primer motivo y más evidente de lo que ocurre en el país es la falta de seguridad jurídica, lo que se conoce como inseguridad jurídica. Como sabemos, un proyecto empresarial únicamente puede ponerse en marcha, con garantías, si previamente se ha estudiado y se ha observado un cálculo de coste-beneficio a largo plazo con resultado positivo. Por este motivo, cualquier imprevisto que altere la posibilidad de hacer esas previsiones con algo de fiabilidad genera, de facto, más cautela en los empresarios a la hora de invertir.
Esta dinámica ya ha sido explicada por Friedrich von Hayek en sus estudios sobre la importancia de un marco legal estable para el crecimiento económico. Según el economista austríaco, el llamado imperio de la ley (rule of law) únicamente puede manifestarse cuando el comportamiento del Estado es previsible. En otras palabras, cuando las consecuencias de respetar o quebrar una ley están claras para todos, se mantienen en el tiempo y permiten que las empresas compitan bajo las mismas reglas y condiciones.
Lógicamente, una expropiación puede romper esta dinámica y generar incertidumbre en los mercados, tanto por el lado de los empresarios como por el de los consumidores. Si una empresa teme ser nacionalizada por parte del Gobierno, y no cuenta con garantías para proteger su inversión, ¿qué sentido tiene invertir? Si un trabajador ve indicios de que el Gobierno puede poner en marcha una política inflacionista, ¿por qué debería este ahorrar?
En segundo lugar, la expropiación puede ser, también, un grave lastre para la productividad. Recordemos que en muchos de los sectores que parecen estar en el punto de mira, la actividad solamente es posible si, simultáneamente, existen niveles muy elevados de inversión inicial que, quizás, puedan estar fuera del alcance de un Estado con un déficit del 8,9 % del PIB. Esto puede que no sea un problema a la hora de nacionalizar explotaciones ya existentes, pero podría suponer un freno para aquellas que desean ponerse en marcha en el país, tanto por parte de la ciudadanía como a través de la inversión extranjera directa (IED).
En último lugar, debemos recordar que estas actividades económicas suelen requerir un nivel de inversiones de reposición muy elevado. En otras palabras, reparar máquinas que se rompen, renovar el equipo cuando quede obsoleto, así como otros gastos que permiten que la explotación se siga desarrollando de forma eficiente.
El caso argentino
«En Argentina, por ejemplo, muchas empresas fueron privatizadas en los años 90.»
La historia reciente de Sudamérica puede darnos algunos ejemplos de los riesgos que conlleva aplicar políticas como las propuestas por Castillo.
En Argentina, por ejemplo, muchas empresas fueron privatizadas en los años 90, siendo receptoras de grandes volúmenes de inversión extranjera. Esto las dotó de un renovado stock de capital, lo cual permitió expandir la producción en tanto en cuanto las condiciones eran propicias y lo permitían. El resultado, como podemos observar en la gráfica que se ofrece a continuación, es un fuerte crecimiento en la renta per cápita durante la siguiente década.
Sin embargo, los niveles relativamente bajos de inversión del siglo XXI no parecen haber ralentizado el crecimiento hasta 2011. El motivo es que los efectos de la inversión sobre el PIB suelen verse en el largo plazo, y cuando hay una inversión inicial muy fuerte, la falta de inversiones de reposición parece quedar más difuminada. No obstante y como podemos observar, esta carencia sí parece haber tenido un efecto negativo sobre la renta per cápita, la cual, como se observa en los indicadores, se ha estancado en los últimos 10 años.
¿Qué futuro espera a Perú?
«Se trata de un camino ya emprendido por otros países del entorno, cuyas consecuencias, como poco, deberían contemplarse, y muy de cerca.»
La experiencia de Argentina, quizás, podría servir como ejemplo para analizar lo que podría ocurrir en Perú si el país, finalmente, apuesta por cerrar su economía al mundo, así como poner trabas a la inversión.
De hecho, podemos encontrar dos casos más cercanos en la gráfica que exponemos a continuación, como son los casos de Bolivia y Ecuador. Ambos países, propuestos como modelo a seguir por Pedro Castillo en su política de nacionalizaciones, los cuales son, de la misma forma, aquellos que, como recogen los indicadores, han acabado con niveles más bajos en lo que respecta a la llegada de flujos de inversión extranjera.
De esta manera, las promesas del nuevo presidente podrían acabar provocando el efecto contrario al deseado, como decía Sowell y como vemos, al no contemplarse unos riesgos, visibles en otros países que han tomado decisiones similares.
Es posible que durante algunos años, y aprovechando el capital invertido por el sector privado, las empresas nacionalizadas generen recursos para mejorar la educación o el transporte. El problema es que si no se sigue invirtiendo en capitalizar esas empresas y los flujos de inversión extranjera se estancan, con el tiempo, su capacidad de crecimiento podría mermarse, al igual que podríamos observar un estancamiento en los salarios de sus trabajadores.
Estos errores podrían derivar en situaciones irracionales, como construir carreteras a explotaciones que pueden acabar cerrando por no ser rentables, o crear universidades cuyos alumnos tengan que emigrar porque la economía no ofrece los trabajos para los que se han preparado. Se trata de un camino ya emprendido por otros países del entorno, cuyas consecuencias, como poco, deberían contemplarse, y muy de cerca.
