Desde hace ya varios años, nos hemos hartado de escuchar a políticos vanagloriándose de la industria energética española, poniéndonos en un primer plano mundial y alabando el fuerte impacto de las energías renovables en nuestro país. ¿Suena bien verdad?
España tiene capacidad excedentaria de más del 40 por ciento, resultado de la burbuja de infraestructuras y de generación eléctrica que se creó con el aplauso de todos.
Los gobiernos crearon efectos llamada con suculentas subvenciones que lo único que han conseguido es generar sobrecapacidad, clientelismo, sobrecoste y deuda.
Con la “economía verde” a golpe de subsidios y sin sustituir ninguna tecnología, se generaron 26.000 MW. Solamente en solar fotovoltaica se construyeron 3.243 MW, ocho veces más de los planificados, alcanzando menos de un 6 por cierto de la electricidad generada y un 26 por ciento de las primas otorgadas.
En línea con lo anterior, entre 2002 y 2012 se construyeron 27.000 MW aprobados por el gobierno para garantizar la “seguridad de suministro”. Todas estas inversiones suman más de un 1 por ciento del PIB cada año.
En resumen, si España ha tenido y tiene más de un 40% de sobrecapacidad, los costes deberían bajar ¿no?, en cualquier mercado si la oferta es mucho mayor que la demanda los precios baja, nos encontramos en el caso contrario (véase ley de oferta y demanda).
Entre 2008 y 2011, España pasó de tener un coste medio de la electricidad para los consumidores pequeños y medianos ligeramente superior a la media europea, a tener un coste medio un 20 por ciento superior a la media europea, que a su vez es un 45 por ciento superior al coste en Estados Unidos.
Los sobrecostes no solo se han ido acumulando, sino que no se han pagado. El déficit de tarifa creció a un ritmo de 4.000 millones de euros anuales desde 2008 hasta los 3.000 millones de euros en 2014, además esta expansión se ha financiado a base de gran apalancamiento financiero, lo que ha dejado a las empresas eléctricas y renovables españolas con una deuda equivalente a 4 veces el EBITDA.
A pesar de este 40 por ciento de sobrecapacidad, ninguna región permite que cierren sus plantas. Los sindicatos, gobiernos regionales y opinión pública protestan ante cualquier posibilidad de eliminar excedentes de generación (Alemania con una sobrecapacidad del 17 por ciento, mucho menor que la nuestra, aprobó el cierre de más de 4700 MW en 2014).
Lo anterior expuesto hace que de cada 100 euros de factura eléctrica, un 62 por ciento lo fija el gobierno (36 euros de impuestos y 19 de primas a las renovables), el resto son costes de redes eléctricas (12.5 euros) y el coste de la energía consumida (25.5 euros).
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