El número de programas de concesión de residencia o ciudadanía, también conocidos como golden visa, ha crecido de forma espectacular en los últimos años debido a que millonarios procedentes de países como China, Rusia, Libia, Irán o Venezuela buscan depositar sus fortunas en naciones poco intervencionsitas y fiscalmente laxas.
Buena parte de estos países alejados del proteccionismo económico pertenecen a la Unión Europea; de hecho, muchos de ellos ven en estos clientes voluminosos ingresos que muy bien pueden beneficiar sus ejercicios financieros tras el pésimo periodo que supuso la Gran Recesión. Así pues, Reino Unido, Francia, Austria, Grecia o Bélgica, entre otros, conceden la residencia a cambio de dinero, aunque los tiempos de estancia o los plazos para obtener la ciudadanía difieren en gran medida de un país a otro.
En el caso concreto de Portugal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que las aportaciones al programa de visados de oro llegaron a representar el 13% del ingreso bruto por inversión extranjera directa en 2014. Como consecuencia, el aumento de estos visados en el país luso, que emitió más de 2.700 desde el comienzo de la iniciativa en octubre de 2012, apuntaló el mercado inmobiliario e incrementó el precio de las propiedades de lujo. Es más, la asociación de agentes inmobiliarios portuguesa estima que el 80% de los inversores son de origen chino y que, bajo el paraguas del programa, se han vendido viviendas por un valor total de más de 1.500 millones de euros.
Riesgos en potencia
El Fondo Monetario advierte de las vulnerabilidades inherentes a estos programas. En primer lugar, los flujos de ingresos son muy volátiles, una tendencia que puede traer serias consecuencias a las arcas públicas; en segundo, que puedan provocar nuevas burbujas inmobiliarias; y en tercera posición, que sean muy permeables para individuos relacionados con negocios poco transparentes.
De acuerdo con esto, Portugal ha decidido mirar con detenimiento las concesiones de visados; hace apenas dos meses, el Ministerio del Interior subrayó que estaba investigando a un grupo de personas detenidas por presunto lavado de dinero y fraude. Por su parte, hace más de un año, Canadá interrumpió su programa de ciudadanía para inversores alegando que no estaba dando los resultados económicos previstos, aunque la región de Quebec mantiene en vigor su propio sistema, por lo que aún es posible convertirse en canadiense. Finalmente, Irlanda suspendió sus visados de oro en 1998, tras casi dos decenios en vigor, por su escasa rentabilidad; sin embargo, lo reanudó en el año 2012 ante la necesidad de obtener recursos tras el rescate financiero de 2010.
Ante esta perspectiva, y como el número de visados, a pesar de todo, continúa al alza, Jesús Lizcano, presidente de la organización Transparencia Internacional en España, asegura que “en nuestra estrategia de aquí a 2020 está la de investigar el tema de las golden visa, ya que creemos que hay que delimitar muy bien el alcance de estos programas y hacerlos con la máxima transparencia para evitar que se cuelen fortunas procedentes de actividades ilegales”. De igual modo, el FMI, aunque no cuestiona estos programas como una vía para obtener recursos fiscales, ha puesto de manifiesto que “dadas las sumas de dinero que se mueven con los visados de oro, es imprescindible garantizar que no esconden operaciones de lavado de dinero”.
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