Deuda soberana

La deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales acumulados que ha recibido o por los que es responsable, expresándose a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público.

El Estado necesita financiación para llevar a cabo sus políticas sociales y de bienestar, sus políticas económicas y todo el conjunto de actividades con el objetivo de distribuir de forma justa la riqueza del país.

La deuda pública puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, e intermunicipal.

Si bien es cierto que, en algunos casos, como los países europeos, la gestión de la política monetaria recae en el Banco Central Europeo, eximiendo de esta responsabilidad a los bancos centrales de cada país.

Respecto a esta función, existen muchas críticas por parte de grandes economistas debido a que el país en cuestión pierde una función primordial como herramienta de gestión ante posibles crisis financieras, dado que no puede modificar sus tipos de interés y su moneda con la finalidad de ser más competitivo frente al exterior, equilibrando y aumentando su balanza comercial, y por tanto, su producto interior bruto.

La deuda soberana más estable a nivel mundial se conoce como el activo sin riesgo, y se calcula como diferencial respecto a otros países, con el objetivo de medir la prima de riesgo de un país ante una situación de quiebra o default. La deuda soberana por excelencia con menos riesgo son los bonos a 10 años, ya que se considera un período amplio dónde los tipos de interés tienden a ser más estables. Podemos destacar, por tanto, a la deuda americana conocida como T- Notes o a la deuda alemana a 10 años conocida como el Bund.

La deuda soberana es un activo muy presente en las carteras de inversión y sirve de réplica para muchos activos subyacentes. Principalmente, son las agencias de valoración o de rating las encargadas de valorar la calidad crediticia de ésta, entre las más importantes podemos destacar a S&P, Fitch y Moodys.

Existe una crítica respecto a las agencias de calificación crediticia, que es su ausencia de independencia, dado que existen conflictos de intereses entre las compañías que las pagan, con la finalidad de obtener reputación en el mercado para incrementar su valor y, por tanto, su poder de financiación y sus beneficios.

Si buscamos información sobre la deuda pública en los distintos países del mundo, en la base de datos del Banco Mundial, por ejemplo, encontramos el indicador de deuda del gobierno central total (como porcentaje del PIB). Dicho ratio tiene sus datos más actualizados (al momento de redacción del artículo) principalmente al 2016 (y no todos los países lo reportan). Solo Malawi tiene el dato del 2017.

Entonces, observando únicamente los datos del 2016, vemos que Japón, Jamaica, Reino Unido y Bután tienen un ratio de deuda del gobierno central total (como porcentaje del PIB) de 193,4%, 113,8% y 110,7%, respectivamente, encabezando la tabla.

Asimismo, si seguimos observando del mayor al menor valor, en las siguientes posiciones, Singapur y España tienen también un ratio mayor a 100%, de 109,2% y 104,6%, respectivamente, siguiendo Estados Unidos con 98,8%.