División de poderes

Si bien el concepto de división de poderes cuenta con antecedentes históricos ligados a los surgimientos de las democracias, es la teoría de la división de poderes de Montesquieu la que resumen y define el mismo en el siglo XVIII.

Comúnmente esta división o separación se sitúa como una medida o herramienta de defensa de las libertades en las distintas naciones. Esto sucede porque la acumulación de poderes o competencias bajo los mismos sujetos se asocia a modelos de estado más totalitarios como dictaduras.

Fenómenos históricos como la Revolución Industrial y el desarrollo de una nueva ciudadanía con el papel predominante de la burguesía en el poder con la caída del antiguo régimen. Por lo tanto su significado va ligado estrechamente al concepto de democracia.

Por medio del reparto de responsabilidades gubernativas, se hace posible el mutuo control entre los correspondientes dirigentes. Es decir, si un sistema sociopolítico quiebra en uno de sus aspectos o ámbitos, las otras “patas” deberían contar con la fuerza o el respaldo legal para afrontar su conducta indebida.

Por ejemplo, el poder judicial debe ser responsable de la detección y sanción de casos de corrupción de gobiernos, o en otras palabras, el poder legislativo y ejecutivo.

De este modo la división de poder en una sociedad debe establecer una relación de contrapesos en las élites sociopolíticas de esta como medida de defensa del ciudadano. Así es posible prevenir circunstancias de deterioro del sistema o controlar y castigar de llegar a este caso.

La estructura organizativa de un territorio marcada por una firme separación o división de poderes deriva en los siguientes estamentos:

• Poder legislativo, conformado por los órganos encargados de llevar a cabo la creación y adaptación de las distintas leyes presentes en el sistema.
• Poder ejecutivo, sistema administrativo y gubernamental encargado de la gestión estatal y distintas labores públicas.
• Poder judicial, que engloba departamentos judiciales y otros tribunales cuyo fin principal es la protección legal de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes que rigen su vida cotidiana.