Un fondo offshore es una cuenta bancaria o fondo fiscalmente domiciliado y administrado en una entidad ubicada en una jurisdicción extranjera, generalmente asociada con paraísos fiscales o jurisdicciones offshore.
Un paraíso fiscal es un país con tasas impositivas muy bajas para el inversor extranjero, vigencia de la ley del secreto bancario y cuyos capitales o inversiones están libres del control que pueda ejercer un organismo de vigilancia o supervisión de mercados.
¿Por qué abrir una cuenta offshore?
El principal motivo que lleva a un inversor a decantarse por cuentas o fondos offshore es beneficiarse de las políticas de exención del pago impuestos. Las cuales son ofrecidas legalmente por este tipo de jurisdicciones que, generalmente, buscan atraer inversión extranjera.
Cuando este procede de países sujetos a elevados niveles de regulación fiscal, económica y monetaria, el ciudadano o empresa puede optar por abrir una cuenta offshore para beneficiarse de otra serie de ventajas:
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- Búsqueda de seguridad, ya que estas entidades suelen estar sometidas a regulaciones más estrictas y elevados estándares de seguridad y privacidad.
- Acceder a productos financieros más sofisticados que solo están disponibles en esos países.
- Proteger activos frente a la inflación o políticas del gobierno, como la expropiación, especialmente en países como Venezuela o Argentina, entre otros.
- Aprovechar la ausencia de controles de capital que impedirían rescatar dinero de bancos nacionales en algunas situaciones.
- Aprovechar la ausencia de limitaciones a la circulación de dinero en efectivo.
No obstante, cada país tiene sus propias leyes, por lo que es importante conocer bien sus implicaciones antes de dar el paso y abrir una cuenta en un país extranjero de estas características.
Evasión o elusión de impuestos
Al contrario de lo que muchos piensan, disponer de fondos en una cuenta offshore no implica un delito, necesariamente. Evasión y elusión fiscal no son términos sinónimos. La evasión constituye un delito de fraude fiscal en la medida en que el ciudadano o empresa oculta ingresos o información para pagar menos impuestos, violando así la ley.
Por otro lado, la evasión fiscal no siempre está relacionada con actividades en paraísos offshore. La evasión se produce siempre que un ciudadano o empresa incumple la ley para no pagar impuestos. Por ejemplo, cuando una empresa emite facturas sin IVA a petición del cliente, porque así una parte no declara ese ingreso —sabiendo que debe hacerlo— y a la otra le sale más barato.
Sin embargo, la elusión fiscal no supone un delito ni saltarse leyes, sino actuar dentro su marco para reducir la carga fiscal. En este sentido, cualquier ciudadano es libre de ir a vivir a otro país por el motivo que sea, incluyendo reducir el pago de impuestos. Ningún Estado puede retenerle solo por querer marcharse. Cambiar de residencia no implica ningún delito.
A medida que un Estado es más corrupto en su esfera política, más pésima suele ser su política económica general. Si los ciudadanos detectan que el dinero de los impuestos que pagan a través de su trabajo solo sirve para financiar amiguismos y redes clientelares, es probable que busquen opciones de prosperar en otros países y terminen yéndose. También pueden valorar que las tasas impositivas representan «atracos» del Estado por ser excesivamente elevadas y busquen alternativas.
Por otro lado, es totalmente lícito que cada Estado establezca sus propias normas y leyes. Esto es beneficioso para el ciudadano. Implica mayores opciones de progreso en la medida en que fomenta la competencia entre Estados por atraer capitales extranjeros que generen empleo y riqueza. Ofreciendo mejores oportunidades para aquél que esté dispuesto a trasladarse.
Ahora bien, el ciudadano deberá conocer las condiciones de abandonar la residencia fiscal en el país de origen y acatar las leyes impuestas por este. Una norma frecuente en el país de origen suele ser no vivir más de un determinado número de días en dicho territorio. De lo contrario, se entendería que la residencia fiscal se basa en ese país y está incumpliendo la norma. El incumplimiento puede implicar la exposición a sanciones económicas y/o penales.
