Se define como soberanía alimentaria a la toma de políticas de carácter proteccionista por parte de un determinado territorio y dirigidas a la defensa de los intereses de los productores agrícolas locales, así como de la autogestión alimentaria de este.
Cada territorio, según señala la teoría de la soberanía alimentaria, debe tener las suficientes competencias para establecer por sí mismo una línea política respecto al ámbito agrario y alimentario.
El origen de este tipo de políticas tiene su base en movimientos de la sociedad civil más cercana a movimientos de protección del medio ambiente. Aunque también de sociedades defensoras del campesinado y el ámbito agrícola local.
Concretamente nace en los años noventa de la mano de la Vía Campesina. Concretamente, en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Esta tendencia económica va estrechamente ligada a fenómenos como la economía social, la economía circular o verde y el desarrollo sostenible. En ese sentido, el cuidado y la protección medioambiental se configuran como bases de esta teoría.
Mecanismos desarrollados por la soberanía alimentaria
Los territorios que aplican una política de este tipo habitualmente establecen una serie de herramientas o mecanismos para su mayor eficacia:
- Medidas proteccionistas para productores agrícolas nacionales frente a la importación de productos que ofrezcan competencia desde el exterior. Respecto a este hecho, es habitual que su coste sea menor.
- Control de precios mínimos. Asegurando, de este modo, situar estos por encima del nivel de coste de producción interior o nacional.
- Promoción de los mercados locales y su mayor accesibilidad para el consumidor. Estimulando así, la existencia de un sistema territorial y cooperativista para poblaciones.
- Protección de derechos derivados del acceso a materias primas y recursos energéticos. Especialmente con vistas a la población con menos medios.
- Vigilancia de medidas relacionadas con la alimentación saludable o ecológica por parte de la población (un claro ejemplo sería el gravamen a bollería industrial o bebidas azucaradas)
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