Macron presenta una reforma laboral inspirada en la española, aunque con la vista puesta en Alemania. Analizamos los resultados obtenidos por ambos países y las nuevas medidas que se debaten en Francia.
Con la esperanza de potenciar la creación de empleo en su país, Emmanuel Macron pone en marcha la promesa estrella de su programa electoral, la reforma del mercado laboral francés. La propuesta, que ha sido tan aplaudida como rechazada por una opinión pública fuertemente dividida, ya ha sido respondida por movilizaciones y huelgas en todo el país ante lo que una parte de la sociedad ve como una amenaza a los derechos de los trabajadores. Por el contrario, tanto la UE como los países del entorno han recibido la noticia con optimismo, al entender que reforzará la segunda economía del euro y que reducirá las asimetrías en el mercado laboral del Viejo Continente.
En caso de ser aprobada, ésta sería la tercera gran reforma del mercado de trabajo en Europa. Las dos anteriores, la alemana de 2003-2005 y la española de 2012, también han buscado potenciar la creación de empleo mediante la flexibilización de la legislación laboral, aunque por caminos muy diferentes. El nuevo presidente francés, por tanto, disponía de dos modelos para inspirar su reforma, con la posibilidad de compararlos y de decidir cuál sería el más adecuado para su país. De forma similar, en este artículo analizaremos los logros y fracasos de las reformas alemana y española, así como sus respectivos grados de influencia sobre la francesa.
Alemania y la Agenda 2010
A comienzos del siglo XXI, la economía alemana presentaba una serie de rigideces estructurales que la colocaban en una situación paradójica: a pesar de ser la primera economía europea y contar con tasas de crecimiento positivas, además de una coyuntura internacional favorable, el paro no dejaba de crecer. Este problema, que existía desde principios de los 90 y en principio solo había sido percibido como un efecto temporal de la reunificación, ya se estaba convirtiendo en una debilidad estructural de la economía germana, lo que acabó por convencer al gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder de la necesidad de actuar.
El plan, conocido como Agenda 2010, consistía en realidad en un amplio paquete de medidas que se aprobaron en cuatro fases entre 2003 y 2005, la mayoría de las cuales sigue vigente hoy en día. En primer lugar, se reorganizaron los servicios públicos de empleo, potenciando las políticas activas y aumentando el protagonismo de las agencias privadas, mientras se limitaba la cobertura a los parados y se los obligaba a justificar el rechazo de ofertas laborales que coincidieran con su perfil. Por otra parte, se flexibilizó la contratación por un número reducido de horas, lo cual posibilitó la aparición de minijobs (contratos de menos de 450 euros al mes y sin cobertura sanitaria). Por último, se establecieron numerosos incentivos fiscales al empleo, reduciendo las cotizaciones sociales y la tributación de las rentas del trabajo.
Los efectos de la Agenda 2010 sobre la tasa de paro fueron inmediatos, con una reducción del 11,2% a mediados de 2005 al 3,8% en la actualidad (sin que la crisis de 2007 haya detenido la creación de puestos de trabajo), gracias a lo cual Alemania se ha convertido en el auténtico motor de Europa y ha atraído a miles de jóvenes de otros países de la UE en busca de oportunidades. No obstante, la reforma también se ha traducido en una cierta precarización del empleo, especialmente en los puestos que requieren poca cualificación.
La reforma de 2012 en España
Con una economía que también presentaba numerosas rigideces estructurales, España entró en la crisis con una tasa de paro del 8%, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria pronto provocó el cierre de miles de empresas y la destrucción de millones de puestos de trabajo. La respuesta del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por otra parte, fracasó rotundamente: su plan de estímulo fiscal solo contribuyó al aumento de la deuda, y las medidas encaminadas a flexibilizar la contratación fueron demasiado tímidas como para detener la sangría de empleos que se constataba año tras año. Este alarmante aumento del paro pronto evidenció la necesidad de una reforma laboral más profunda, algo que sin embargo no llegaría hasta 2012.
Aunque en un principio las reiteradas recomendaciones de la UE hacían pensar en una imitación de la reforma laboral alemana, lo cierto es que las medidas aprobadas por el gobierno español en 2012 poco tenían que ver con la Agenda 2010. En su lugar, el plan abarataba el despido de los trabajadores con contrato indefinido mediante la reducción de las indemnizaciones y permitía sustituir la negociación colectiva sectorial por la negociación a nivel empresa. Con estas iniciativas se buscaba acabar con la tradicional dualidad del mercado laboral español (es decir, una enorme brecha en derechos entre trabajadores indefinidos y temporales) y flexibilizar las condiciones de contratación.
La reforma española exploraba así un camino diferente de la alemana, aunque su efecto sobre el empleo parece haber sido muy similar: el paro, después de seguir creciendo en 2013 hasta alcanzar su máximo histórico (26,2%), ha entrado en fase descendente y ya se sitúa en el 17,3%. A su vez, también se han potenciado la temporalidad y la precarización del empleo creado, motivo por el cual no existe consenso en la opinión pública sobre la efectividad de la reforma.
El estancamiento de Francia y la reforma de Macron
Por su parte, como ya hemos comentado en artículos anteriores, Francia sufre en las últimas décadas un estancamiento paulatino del que difícilmente podrá salir sin modernizar su modelo productivo. Como podemos comprobar en la gráfica, el mantenimiento de altos costes de despido no parece haber evitado el aumento del paro, el cual se ha estabilizado alrededor del 10% desde hace ya 4 años y no da signos de volver a su nivel precrisis (7,3%). Por otra parte, también es evidente que la drástica reducción del desempleo en España y Alemania coincide en el tiempo con la puesta en marcha de sus reformas laborales (2012 y 2005, respectivamente). Este análisis nos lleva inevitablemente a una conclusión, compartida tanto por Macron como por las autoridades de Bruselas: si Francia quiere crear empleo y volver a liderar el crecimiento en Europa deberá reformar en profundidad su mercado de trabajo.
No obstante, también existe un factor de precarización laboral presente en los países que han flexibilizado las condiciones del empleo, y que seguramente no ha escapado al análisis del ejecutivo galo. En este sentido, podemos observar un fuerte aumento del trabajo a tiempo parcial en Alemania (superando ya la cuarta parte del empleo total), consecuencia lógica de la proliferación de minijobs en detrimento de contratos a tiempo completo. Una tendencia similar puede observarse en España, aunque más moderada. En cuanto a la ocupación temporal, en ambos países se ha registrado un ligero aumento (0,7%).
En Francia también ha aumentado la precariedad laboral a pesar de mantener un marco regulatorio más rígido
A la vista de los resultados analizados, sería fácil deducir que la precarización de las condiciones laborales es una consecuencia directa de la flexibilización del mercado laboral, como sostienen los detractores de las reformas. Sin embargo, esto no explica por qué en Francia también han aumentado tanto la ocupación temporal como a tiempo parcial, a pesar de mantener un marco regulatorio más rígido. Por el contrario, la variable donde sí encontramos una diferencia significativa es en la tasa de desempleo (con resultados claramente desfavorables para Francia), lo cual nos permite concluir que el mercado laboral francés sufre problemas similares a los de sus vecinos pero no comparte sus ventajas.
Esta situación es la que ha llevado a Macron a plantear su propia reforma laboral para Francia. El plan se centra especialmente en la negociación de los convenios, ya que a partir de su aprobación se permitirá a los empresarios pactar sus propias condiciones con los empleados. Los grandes acuerdos a nivel sectorial, por tanto, seguirán teniendo lugar pero perderán su vigencia en las empresas que hayan firmado su convenio particular. La reforma además debilita el poder de los sindicatos, al permitir excluirlos de las negociaciones en empresas con menos de 50 trabajadores.
En cuanto a los despidos, aquéllos que sean considerados como procedentes verán sus indemnizaciones limitadas por ley, ya que hasta ahora su cuantía era decidida discrecionalmente por los organismos públicos de arbitraje laboral. Los improcedentes, en cambio, verán sus indemnizaciones aumentadas un 25%, aunque por otra parte se facilitará el despido para las multinacionales que sufran pérdidas en Francia. El plan también contempla regular por ley los planes de bajas voluntarias y reducir el número de comités de empresa, disminuyendo así el número de liberados sindicales.
De esta manera, parece evidente que las medidas propuestas por Macron se acercan bastante más a la reforma española que a la Agenda 2010, a pesar de las continuas alusiones del presidente galo a los logros de la economía germana. En realidad, el hecho de focalizar sus esfuerzos en una negociación más flexible no parece exento de lógica, ya que el mercado laboral francés es posiblemente el más sindicalizado de Europa, y la situación de España antes de 2012 no era muy diferente.
Además, también es posible imaginar el coste político de permitir la creación de minijobs y de reducir las prestaciones de desempleo en un país donde las condiciones de trabajo aún están reguladas por el Código Laboral de 1910 y que tradicionalmente ha hecho gala de su protección de los derechos laborales.
En el área de los despidos es más difícil encontrar un parecido a la reforma española, aunque también existe una cierta flexibilización. El motivo de este distanciamiento podría ser la situación del mercado laboral francés, el cual presenta tasas de temporalidad más bajas que las de España (debido entre otras cosas a un modelo productivo de mayor valor añadido), gracias a lo cual no existe una dualidad tan acusada y por tanto no tendría tantos incentivos para reducirla como su vecino del sur.
No obstante, las reformas en España y Francia presentan las mismas carencias: no se toman medidas contra el fraude en las prestaciones, los servicios públicos de empleo siguen presentando graves ineficiencias, no se refuerzan las políticas activas y la flexibilización del mercado laboral no se extiende al sector público. Como consecuencia el efecto de las reformas puede verse limitado, algo que ya está sucediendo en la economía hispana: en agosto de este año se destruyeron 179.485 puestos de trabajo, un dato que no se veía desde el peor momento de la crisis en 2008.
De esta manera, podríamos decir que el intento de dinamizar el estancado mercado laboral francés estaría fuertemente inspirado por la reforma española, a pesar de que el verdadero objetivo sea recuperar el liderazgo económico europeo que ahora disfruta solamente Alemania. A ello contribuirían no sólo la drástica reducción del desempleo que ha logrado su vecino del sur, sino también la dificultad de implantar una nueva versión de la Agenda 2010 en un país con una cultura del trabajo tan diferente de la germana.
Y si no faltan voces que reclaman una liberalización más decidida de las relaciones laborales, en general los mercados han recibido la noticia con optimismo: al fin y al cabo la reforma de Macron, si bien es limitada en algunos aspectos, podría ser un hito histórico en la liberalización de la economía más sindicalizada de Europa, el primer paso hacia la modernización que tanto reclama la economía francesa.
