Corrupción política

El concepto de corrupción que más conocemos es el que va asociado a la política, y no solo está relacionado exclusivamente con robar o sustraer fondos públicos. También puede suceder, por ejemplo, con los jueces. Si un juez es sobornado, o puede ascender o recibir otro tipo de compensaciones, éste puede realizar una sentencia que favorezca a quien le concede este tipo de favores.

Como hemos mencionado, el mecanismo más popular de corrupción política es la sustracción directa o indirecta de fondos públicos. Esta se lleva a cabo a través del cobro de comisiones en la adjudicación de contratos o servicios públicos.

Es decir, el político o funcionario autor de la corruptela, cobra un porcentaje de la cantidad total del contrato que adjudica a una empresa o persona.

El delito de corrupción política no existe como tal, es un término empleado de forma genérica que se refiere a ciertas prácticas más concretas. Cogiendo de referencia el Código Penal español, tenemos los siguientes tipos:  

• Prevaricación urbanística.
• Prevaricación administrativa.
• Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.
• Cohecho.
• Malversación.
• Tráfico de influencias.
• Fraudes y extracciones ilegales.
• Negociación de actividades prohibidas a los funcionarios  públicos y abusos en el ejercicio de su función.
• Corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Dado que, cuando los medios de comunicación informan sobre casos de corrupción política repiten las palabras malversación, prevaricación y cohecho, vamos a definirlas.

• Malversación: Es un delito de apropiación indebida, realizado a través del desvío de fondos públicos para fines privados o particulares.
• Prevaricación: Consiste en dictar una resolución no ajustada a la ley aún a sabiendas de su injusticia.
• Cohecho: Es lo que conocemos como soborno, sucede cuando un funcionario se deja sobornar (de una u otra manera) para saltarse la ley y dictar resoluciones en favor de terceros.

Las consecuencias de la corrupción política son múltiples y difícilmente medibles. Por un lado encontramos las consecuencias directas económicas, que es la cantidad de dinero que una corruptela ha sustraído. Pero no solo es eso, en los impactos económicos además está la erosión de la libre competencia. El empresario corrupto, aunque sea tremendamente ineficiente, siempre se va a llevar el contrato del servicio. También la reducción de la inversión, pues los países con un alto índice de corrupción son menos atractivos para la inversión privada.

Por otro lado, tenemos las consecuencias políticas. Los ciudadanos, ante la proliferación de muchos escándalos de corrupción política, desconfían del sistema y se produce su deslegitimación. También, internacionalmente, la imagen del país se ve deteriorada.