Directiva comunitaria

A través del instrumento legal de la directiva comunitaria, los países que conforman la Unión Europea reciben indicaciones y guías políticas sobre una serie de aspectos normativos a los cuales deben adecuarse.

Es la Comisión Europea el órgano encargado de su desarrollo y promulgación, así como de controlar que los países de la Unión a los que la directiva va dirigida se ocupen de integrar las políticas que incluye en su legislación nacional.

A grandes rasgos, una directiva fija el objetivo político y legal al que cada uno de los países miembros debe ceñirse. No obstante, y teniendo en cuenta la pluralidad y diversidad de estructuras jurídicas de cada uno de ellos, la forma en la que este debe alcanzarse queda en manos de cada territorio.

En otras palabras, las directivas comunitarias están marcadas principalmente por una gran flexibilidad desde el punto de vista de los países que deben aplicarla en sus respectivos ordenamientos.

Habitualmente existe un plazo aproximado de 24 meses desde la promulgación de la directiva por parte de las instituciones europeas hasta la aplicación final en cada territorio.

Esta herramienta legislativa cuenta con algunos rasgos característicos:

• Cada país en particular debe modificar su marco legal ajustándose a la directiva comunitaria emitida por la Unión Europea.
• Por lo anterior, se establece que su aplicación no es inmediata tras su creación, sino que debe existir un periodo de tiempo de asimilación y adaptabilidad a cada legislación regional a la que afecte.
• Una directiva puede ser general y aplicable a todos los países miembros, pero también referirse a uno o varios de ellos en particular.
• Es la Comisión Europea el organismo responsable de vigilar y controlar la correcta adaptación de las políticas de la directiva en cada legislación estatal.