Impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD)

El impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) es un tributo que se aplica sobre la solicitud o expedición de tres tipos de documentos: notariales, administrativos y mercantiles.

El impuesto de actos jurídicos documentados es un gravamen que afecta a la declaración o manifestación de una voluntad que tendrá consecuencias del tipo jurídico y que debe ser documentada o registrada.

Tipos de documentos afectos al impuesto de actos jurídicos documentados

Existen tres tipos de documentos que se ven afectados por el impuesto de actos jurídicos documentados:

  • Notariales: Lo conforman las escrituras, actas y testimonios.
  • Administrativos: Documentos que requieren de anotaciones en los Registros Públicos y la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios.
  • Mercantiles: Lo forman las letras de cambio y documentos que realicen funciones de giro.

Tasa aplicable del impuesto de actos jurídicos documentados

La tasa del impuesto de actos jurídicos documentados consta de dos partes: una fija y otra variable. La parte fija es usualmente pequeña ya que se explica por la obligatoriedad de que los documentos sean timbrados. En España el importe va desde los 0,15 euros por cada folio de documento.

La parte variable se aplica como un porcentaje sobre el valor de la transacción relacionada. Acá pueden existir grandes variaciones dependiendo de la forma en la que se calcule el monto total. Así, por ejemplo, en el caso de una hipoteca, el importe total puede incluir los intereses, costes de litigio por impago, gastos, etc.

Quien debe declarar y pagar el impuesto de actos jurídicos documentados

Esto depende del tipo de documento:

  • Notariales: El adquiriente, el que solicita o el interesado en la expedición del documento. Cabe mencionar que, en España, el Tribunal Supremo de la sala de lo Contencioso-administrativo 1505/2018, señaló que en el caso de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, es el banco el que debe pagar el impuesto. Lo anterior ha generado una discusión sobre lo acertado de esta decisión y el impacto económico sobre los bancos. El 05 de noviembre de 2018 el Tribunal Supremo debe cerrar la discusión decidiendo si será el cliente o el banco el que debe pagar el impuesto.
  • Administrativos: La persona que solicita las anotaciones.
  • Mercantiles: En el caso de las letras de cambio es el librador, salvo las letras expedidas en el extranjero donde será el primer tenedor en España. En los documentos de giro o sustitutivos de letras de cambio, pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos emitidos en serie serán las personas o entidades que los expidan.

Quienes recaudan el impuesto de actos jurídicos documentados

En el caso de España, son las Comunidades Autónomas las encargadas de recaudarlo y de fijar además las tasas variables. Esto ha llevado a una gran disparidad de tasas que van desde el 0.5% al 1.5% del monto total. A lo que se agregan beneficios y excepciones para jóvenes, familias numerosas, discapacitados, etc.

Regulación del impuesto de actos jurídicos documentados

En España este tributo está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre.

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