El sector primario es particularmente vulnerable, de ahí que sea necesario que la Unión Europea busque garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios razonables a un mercado que supone unos 500 millones de consumidores. Por ello, a través de la Política Agraria Común (PAC), la Unión Europea busca una relación de cooperación con los agricultores. Sin embargo, la financiación, el cambio climático, el éxodo rural y el desarrollo sostenible suponen grandes desafíos que deben afrontar las políticas agrarias europeas.
En las economías desarrolladas, como las que integran la Unión Europea, existe una clara preponderancia del sector terciario o sector servicios, por el contrario, el sector primario cada vez representa un menor porcentaje del Producto Interior Bruto. Debido al empeoramiento de la relación de intercambio entre el sector agrícola y los sectores industriales y de servicios, es necesario proteger la agricultura de un posible riesgo de desaparición.
Así pues, el sector primario europeo se caracteriza por unos ingresos inestables y el escaso poder de influencia en los precios por parte de los productores. Por ello, en Europa, se hace necesario el desarrollo de una Política Agraria Común que permita una redistribución más justa de las rentas en el sector primario.
Existe la necesidad de establecer un marco regulatorio que garantice unos ingresos estables para los productores a través de unos precios más justos. Cómo no, otra de las necesidades básicas y estratégicas de todo país es garantizarse un suministro adecuado de alimentos, lo que supone otra de las razones que justifican la existencia de la PAC. En tercer lugar, es manifiesto que la población se ha desplazado del campo a las ciudades en busca de nuevos horizontes laborales. Pues bien, una de las grandes metas de la PAC es evitar el éxodo rural, fomentando el empleo en el mercado de trabajo. Cabe señalar que la PAC ha pasado de una política de precios a un sistema de ayudas directas a los agricultores.
Medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático
Los fondos estructurales han financiado al sector primario para contribuir en la renovación de las explotaciones agrícolas, al tiempo que se implementan ayudas a aquellas regiones menos desarrolladas. El medio ambiente ha llegado a convertirse en uno de los grandes desafíos y desde la Unión Europea se ha apostado por la sostenibilidad, destinando fondos a la reforestación.
El cambio climático es un hecho y las sequías o las inundaciones pueden causar fuertes pérdidas en las explotaciones agrícolas. Tratando de brindar mayor protección a los agricultores ante esta clase de fenómenos climáticos, se rebajarán los umbrales de pérdidas para facilitar la posibilidad de acceder a indemnizaciones.
Sin embargo, el sector agrícola tiene muchos desafíos por delante, por lo que se han llevado importantes reformas europeas para afrontar con garantías de éxito los nuevos retos. Para ello será necesario determinar un plan estratégico. Esta planificación podrá ser planteada por cada estado a nivel nacional o bien en un marco global. En este sentido, cada país podrá diseñar sus propios planes, que deberán estar adaptados a las nuevas exigencias medioambientales, comprometiéndose por un desarrollo sostenible y conteniendo medidas que permitan combatir el cambio climático. Ahora bien, los estados miembros no tendrán discrecionalidad absoluta, pues será la Comisión Europea quien deba dar el visto bueno a los planes presentados por cada país.
Nuevas tecnologías, despoblación y financiación
Queda claro que la Política Agraria Común incide especialmente en los aspectos medioambientales. Las ayudas ya no solo se destinan a explotaciones agrícolas, sino a empresas que desarrollan su actividad económica en el medio rural. El turismo ecológico, las energías renovables o la bioeconomía son algunos de los destinatarios de estas ayudas. Si en nuestro artículo “Ciudades inteligentes, ciudades del futuro” hablábamos de cómo la tecnología podía modernizar de manera espectacular las grandes urbes, desde la PAC se apuesta por los denominados “pueblos inteligentes”, llevando también las nuevas tecnologías a las zonas rurales.
El sistema de ayudas directas que viene llevando a cabo la PAC durante los últimos años se mantendrá, así como las medidas correspondientes a los precios. Los pagos a los agricultores se efectuarán anualmente y también se financiarán proyectos de inversión rurales a largo plazo.
Como anteriormente explicábamos, una de las metas de la PAC es evitar la despoblación del medio rural. Para ello, se implementarán ayudas a aquellos que lleven a cabo su primera instalación, así como también se facilitarán instrumentos de financiación para los nuevos agricultores. Esto supone un claro apoyo a la renovación generacional del sector agrícola.
En definitiva, la Política Agraria Común, tratará de conseguir un sector primario más competitivo, con unas explotaciones agrícolas de vanguardia, pero sin dejar de lado la necesidad de un desarrollo sostenible y combatiendo el tan temido cambio climático.
Por el momento existe una acuciante necesidad de financiación para las actividades agrarias. Solo a corto plazo se estima que ese déficit oscila entre los 1.600 y los 4.100 millones de euros, mientras que a largo plazo el déficit va de los 5.500 millones de euros a los 14.800 millones. Por ello, en la financiación de la agricultura, van a jugar un papel clave los fondos de las instituciones europeas y la financiación procedente del sector privado.