Gasto militar

Los estados precisan unas fuerzas armadas que garanticen su integridad territorial, que actúen con carácter disuasorio y que protejan a su población. De ahí la necesidad de incluir el gasto militar en los presupuestos públicos.

Así pues, los ministerios o departamentos de defensa, se sirven de los recursos aportados a través de los presupuestos públicos para financiar el gasto militar. Ahora bien, el modo en que se gestionen y asignen las distintas partidas, no solo influirán en el sector público, sino en las empresas privadas y en particular en la industria armamentística.

Cabe señalar que en el gasto militar no se incluyen las cantidades que corresponden a las fuerzas de carácter policial. Así pues, el gasto militar está conformado por los salarios de los propios militares profesionales, seguros, personal civil de apoyo a Defensa, equipamiento, armas, suministros, instalaciones y comunicaciones.

Al no ser objeto de consumo, la defensa se considera un bien público, es decir, que solo puede ser prestado por el Estado. Si bien es cierto que cada vez están surgiendo más contratistas militares privados.

El hecho de destinar recursos a defensa, implica reducir otras partidas como sanidad y educación, entre muchas otras. En otras palabras, la asignación de partidas presupuestarias con fines militares lleva consigo costes de oportunidad. De hecho, es habitual comparar el gasto en defensa con el gasto sanitario o con el gasto en materia educativa.

El gasto militar supone los costes del mantenimiento de las instalaciones militares, el pago del personal militar, su equipamiento e infraestructuras, independientemente de que se produzca en un periodo de paz o en una etapa de guerra.

Así, el gasto militar representa una medida de la capacidad de disuasión de un país. Para ello, se valoran los gastos e inversiones en equipamientos y plataformas.

Igualmente, la medición del gasto militar es un buen indicador de referencia para aquellos países que forman parte de grandes alianzas militares como la OTAN. De ahí que, a la hora de valorar las aportaciones militares de cada país en una alianza, se valore su gasto en defensa.

Uno de los grandes problemas del gasto militar es su cuantificación y comparabilidad. Se trata de una variable de difícil medición. A todo ello hay que añadir la opacidad de muchos países a la hora de detallar sus gastos militares. Tampoco hay que olvidar que entre países se emplean estándares de medición del gasto militar muy distintos entre sí.

No obstante, la OTAN, para medir el gasto militar, tiene en cuenta el gasto de los gobiernos nacionales en costes operativos, gastos de construcción, adquisiciones y armas.

Por el contrario, el FMI valora unas consideraciones más amplias a la hora de medir el gasto militar. En este sentido, el FMI tiene en cuenta los gastos de todas las administraciones (nacionales, regionales y locales) en defensa civil y militar, gastos de I+D y la ayuda militar recibida del exterior. Precisamente, la ONU también incluye en su valoración del gasto de defensa la ayuda militar exterior.

Igualmente, cabe señalar que existe controversia a la hora de clasificar diversas partidas presupuestarias como gasto militar correspondiente al departamento de defensa. Es el caso de partidas como los costes de los programas espaciales, el gasto en I+D, los seguros sociales o la participación en misiones internacionales.

Hay economistas que abogan por estimular el gasto militar. Esto sucede en países como Estados Unidos, que cuenta con una poderosa industria armamentística. Así, a través del gasto público se impulsa el sector privado, se crean empleos, surgen nuevas tecnologías y aparecen industrias novedosas. En otras palabras, muchos economistas estadounidenses sostienen que buena parte del bienestar de su país está vinculado a la marcha de la industria armamentística.

Por el contrario, el incremento del gasto público en defensa puede provocar un endeudamiento excesivo por parte del Estado. Igualmente, también hay quienes sostienen que estas partidas presupuestarias podrían estar destinadas a inversiones más productivas en el sector civil o a partidas sociales destinadas a atender las necesidades de la población.